Como parte de las acciones contra el huachicoleo el gobierno federal ha investigado la presunta existencia de tomas clandestinas en empresas localizadas en el municipio de Tula, Hidalgo.

El Ministerio Público revisa los expedientes iniciados con anterioridad, entre ellos uno ligado a la empresa Construcciones Industriales Tapia (Citapia), la cual fue señalada en la conferencia matutina del Presidente de la República como una de las industrias en que existirían irregularidades.

Los registros de la FGR señalan que se indagó una denuncia de una supuesta toma clandestina, pero se decretó el no ejercicio de la acción penal por no encontrar irregularidades en la operación de la empresa.

Además, de acuerdo con los documentos del expediente que integró el Ministerio Público Federal, los representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) se desistieron de un recurso de apelación a la determinación ministerial, al considerar que jamás existió algún dato que probara o relacionara a Citapia con delitos.

En el acuerdo de no ejercicio la PGR emitido el 23 de enero de 2018, señaló: Esta fiscalía no cuenta con datos de prueba suficientes para fundar una acusación, ni siquiera para formular una imputación, pues no se cuenta con datos de pruebas de quién o quiénes hayan sido las personas que realizaron la toma clandestina, [...] que se localiza en un camino de terracería que conduce al basurero municipal de Atitalaquia, Hidalgo, y respecto de la existencia de una manguera dentro de la empresa, el acuerdo sostiene que el predio donde se ejecutó el cateo resulta ser ajeno a los hechos.

De acuerdo con funcionarios entrevistados, el Ministerio Público Federal revisa los expedientes iniciados tanto en la anterior administración como del avance que llevan los que se integran desde enero pasado para establecer si existen tomas clandestinas en empresas cercanas a la refinería de Tula.