A la penúltima audiencia pública sobre la reforma educativa en la Cámara de Diputados asistieron alumnos, padres y representantes de organizaciones de padres de familia que demandaron al Estado comprometerse –con hechos– en la instalación de infraestructura física digna, ser incluidos en la toma de decisiones del proceso educativo, y participar en la elaboración de planes de estudio y libros de texto gratuito para garantizar que los contenidos estén libres de ideologías impuestas desde el extranjero.

Entre los 30 participantes en la sesión, Maribel Nezahualcóyotl, madre de familia, reclamó a la autoridad: pedimos que sean respetadas nuestras opiniones, la escuela debe de ser de calidad. El Estado tiene la obligación de poner la infraestructura, no venimos a limosnear. No estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley. Queremos un trato igualitario. La educación especial no significa formación para los tontos, significa vocación. Esta reforma tiene cosas buenas, sin embargo, exigimos que se tome en cuenta a los más importantes que son los alumnos y sus familias.

Nayhelli Soto, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que uno de los principales problemas del sistema es que no garantiza la educación. La principal causa de la deserción es que hay muchas familias que requieren que todos sus integrantes trabajen, y el principal obstáculo, sí, es el hambre; otro conflicto que merma es la falta de calidad de los maestros y es importante que los contenidos didácticos sean eficaces y pertinentes. El gobierno debe priorizar la enseñanza en las comunidades indígenas, garantizar que haya comida en cada uno de los hogares del país, no eliminar los programas de educación especial, otorgar recursos e invertir en infraestructura para las escuelas públicas. Hay que reformar, pero con hechos, no sólo inscribir en la ley la responsabilidad del Estado.

Soledad del Rocío Ramos, madre de familia, consideró que los padres construimos la educación junto a los maestros. Los derechos humanos no deben contemplarse como provenientes de la benevolencia, se tiene derecho a la dignidad, señores, se debe considerar a los niños como sujetos de derecho no como objeto, por lo que merecen una reforma completa.

Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, argumentó que los tutores demandan participar en en el comité redactor de los planes y programas de estudio, y en el equipo redactor de los libros de texto, para garantizar así que los contenidos que llegan a los estudiantes estén libres de ideologías impuestas desde el extranjero, y se enseñen supuestos derechos que no aparecen en ningún tratado internacional que sea vinculante para nuestro país.