Desde hace al menos dos sexenios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desacatado las órdenes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de dar a conocer a los beneficiarios de condonaciones fiscales, pero el nuevo gobierno tiene la oportunidad de cumplir esta instrucción, simplemente mediante el desistimiento de los amparos que ha promovido para evitarlo.

Así lo indicó Iván Benumea, investigador del programa de justicia fiscal del Centro de Análisis e Investigación Fundar, quien saludó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de ya no conceder ninguna amnistía fiscal, puesto que dichas herramientas han servido particularmente para que grandes empresas dejen de pagar los impuestos que les corresponden.

En entrevista con La Jornada, el experto recordó que el Inai y su órgano antecesor, el Ifai, han emitido al menos 47 resoluciones para que la información sobre los beneficiarios de la condonación de créditos fiscales se transparente, por ser datos de interés público que permiten saber a qué personas morales se les ha exentado del pago de impuestos.

Sin embargo, el SAT ha incumplido dichas órdenes al interponer amparos ante el Poder Judicial, e incluso le ha notificado a las empresas beneficiarias de las exenciones fiscales que hay solicitudes de información sobre ellas, para que también puedan ampararse contra este tipo de requerimientos.

Las amnistías fiscales, explicó Benumea, son herramientas que los gobiernos federales normalmente utilizan a inicios de su administración, mediante las cuales se les permite a ciertos contribuyentes no cubrir una parte de los impuestos a los cuales están obligados, siempre y cuando paguen otra parte de los mismos, lo cual le permite a las autoridades contar con una inyección de recursos en el momento.

No obstante, en dichos ejercicios se ha beneficiado en particular a un reducido grupo de personas morales. Un ejemplo de ello es que, en 2013, se ayudó a 15 grandes empresas –de un universo de 40 mil–que ya habían sido beneficiadas en 2007. En ambos ejercicios, se les condonó el pago de 61 mil millones de pesos.

De acuerdo con el investigador de Fundar, las amnistías fiscales generan un incentivo perverso para que las compañías con mayor capacidad económica no cumplan con sus obligaciones fiscales, al saber que de todas formas van a perdonarlas por los pagos no realizados.

Tras recordar que forma parte de un equipo que ganó un amparo para obtener toda la información de las exenciones fiscales de 2007 a 2015, Benumea celebró que López Obrador anunciara que no va a declarar una nueva amnistía, y lo llamó a que el SAT se abstenga de todos los recursos judiciales que ha utilizado para evitar la publicidad de estos datos.