Diputados de las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobaron el dictamen para modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que dará paso a la elección de seis magistrados anticorrupción, en lugar de 12.

El diputado Carlos Castillo, de Morena, explicó que el dictamen, que se presentará mañana al pleno, dará vida a una sala especializada del TJA contra la corrupción, con tres magistrados que sancionen a servidores públicos que incurran en este delito, y otros tres magistrados que podrán revisar las sentencias en caso de ser impugnadas.

Dijo que de aprobar el pleno el dictamen este martes, se publicará al día siguiente en la Gaceta Oficial, y a partir de ahí la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá 15 días hábiles para enviar sus propuestas para estos nombramientos, los cuales tendrán que ser aprobados por el Congreso local.

El diputado Eduardo Santillán señaló que la extinta Asamblea Legislativa dejó la formación del Tribunal de Justicia Administrativa con 20 magistrados (12 nuevos) y hoy, con las modificaciones hechas, se redujeron a seis integrantes.

El dictamen que se presenta fortalece la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa y se establece la posibilidad de que el pleno del tribunal haga el nombramiento del titular del órgano interno de control y el Congreso la ratificación del nombramiento, explicó Santillán ante los legisladores de las comisiones.

Aseguró que las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica del TJA local son un parteaguas para el combate a la corrupción en la función pública.

Es un paso fundamental porque, en primera instancia, se establece de manera puntual la sala especializada en materia de los funcionarios públicos en la Ciudad de México, que instaura esta formación del propio tribunal, de rediseño y austeridad en la materia, comentó.

Por su parte, el diputado Carlos Hernández Mirón sostuvo que este dictamen significa una nueva definición del sistema anticorrupción, así como la ruta de la transición de la Procuraduría General de Justicia capitalina a fiscalía.