Buenos Aires. En un fuerte revés para el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, la Corte Suprema de Justicia le ordenó devolver a la provincia de San Luis 15 mil millones de pesos (unos 377 millones de dólares) de coparticipación federal de impuestos, lo que debió haber sido saldado después de otro fallo de la misma entidad a finales de 2015.

En tanto, la comisión bicamaral de Trámite Legislativo rechazó tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el mandatario, en los cuales cedía el espectro radioeléctrico del satélite Arsat, eliminaba la Secretaría de Deportes e imponía la extinción de dominio para expropiar bienes por una serie de delitos graves sin que hubiera sentencia firme, y en el fuero civil no penal.

Se especula que en el corto plazo se tomaría la misma medida en favor de la provincia de Santa Fe, a la que se deben 45 mil millones de pesos, para lo cual también el gobierno de Macri desconoció la resolución de finales de 2015.

El fallo es un golpe para el gobierno nacional, en pleno ajuste. Es, además, un triunfo político para las provincias opositoras en el comienzo del año electoral, advierte Página/12.

En cuanto a los DNU firmados por Macri y rechazados, la extinción de dominio –como la famosa ley del arrepentido– se transforma en una herramienta para usar no sólo contra la delincuencia, sino para la persecución política, algo que se sugirió desde Washington. Esto significaba despojar no sólo a personas, sino también a partidos e instituciones ante cualquier armado de causas por la simple decisión estatal, además de que en el DNU firmado por Macri la carga de la prueba se invierte y las personas debían demostrar la procedencia legal de esos bienes.

En el caso del Arsat, el gobierno de Macri suspendió la construcción del tercero, después del éxito logrado por el gobierno anterior en un esfuerzo de recuperación científica reconocido en el mundo. El decreto suspendía esta construcción para alquilar en 7 millones de euros a Francia uno que es ya antiguo, por menos de un año, y la eliminación de la Secretaría de Deportes se rechazó al considerar que significaba una degradación para todos los sectores del deporte.

Todo esto sucede en medio del escándalo por extorsión en el que está señalado el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación sobre las famosas fotocopias de cuadernos inexistentes, que permitió al juez Claudio Bonadío armar una causa –entre otras siete– contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el macrismo quiere presa, aunque no haya pruebas de que haya cometido algún delito.

Stornelli define quiénes deben aparecer en la causa de los cuadernos y ha sido denunciado, junto con el juez Bonadío, por mandar a prisión preventiva para ablandar a todos aquellos que se niegan a repetir el discurso para acusar a la ex mandataria y sus ex funcionarios, y además liberan a los colaboradores arrepentidos, que suman una larga lista.

Acusado por un productor agropecuario de extorsionarlo por conducto del abogado Marcelo D’Alessio, agente de inteligencia, además de la DEA, ya detenido, quien le pidió 300 mil dólares para evitar que supuestamente apareciera en la causa de las fotocopias, lo que fue grabado por el denunciante, ahora un nuevo audio complicó aún más la situación para Stornelli, quien ordenó borrar las actas de la declaración de Pablo Barreiro, ex secretario de Fernández de Kirchner en esta misma causa, después de que los hermanos Barreiro le pagaron 40 mil dólares de 250 mil que solicitó por sus servicios.

En una de cal y otra de arena, la Corte Suprema benefició a Gustavo Arribas, uno de los mejores amigos de Macri y titular de la Agencia Federal de Inteligencia, al desestimar el pedido para reabrir la causa en la que fue involucrado por transferencias ilícitas de dinero desde el exterior por la firma Odebrecht. A pesar de la declaración del principal informante, el brasileño Leonardo Meirelles, quien denunció las transferencias por 850 mil dólares que habría cobrado Arribas, dando datos y pruebas, la Corte cerró el caso.

No hay juez que haya podido procesar libremente la corrupción de integrantes del gobierno de Cambiemos, como es el caso de las cuentas en paraísos fiscales del presidente y su familia, descubiertas en los Papeles de Panamá en 2016, por lo cual varios juristas advierten sobre la desaparición del estado de derecho en el país.