Madrid. La declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 fue un acto simbólico, un gesto político para propiciar el diálogo con el Estado español, fueron las versiones que defendieron ante el Tribunal Supremo los dos ex consejeros catalanes que comparecieron este martes en el juicio a 12 líderes independentistas.

Jordi Turull, ex consejero (ministro) de Presidencia, y Räul Romeva, de Asuntos Exteriores, defendieron la legalidad de su actuación y denunciaron que llevan un año en prisión por defender la democracia y el mandato del pueblo de Cataluña.

Durante el proceso de secesión unilateral –de enero a octubre de 2017–, Romeva y Turull fueron piezas fundamentales del gobierno que encabezaba Carles Puigdemont, quien se fugó y ahora reside en Bélgica. Romeva era el enlace del gobierno catalán con instituciones y partidos europeos de corte nacionalista y tenía la encomienda de difundir en el exterior la limpieza del proceso de secesión. Además, organizó las visitas de los observadores internacionales, tanto para el referendo del primero de octubre, como para la proclamación de la independencia.

Turull, como consejero de Presidencia, tenía la encomienda de organizar y ejecutar el referendo, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español. De hecho, fue él quien la noche del primero de octubre informó sobre los resultados.

Ambos ex consejeros llevan un año en prisión provisional acusados de los delitos de rebelión, malversación de recursos públicos y desobediencia.

Turull respondió a las preguntas de la fiscalía y del abogado del Estado, no así a las de la acusación particular –de la que forma parte el partido Vox, de extrema derecha–, mientras Romeva adoptó la misma estrategia de Oriol Junqueras y se declaró preso político, por lo que sólo accedió a responder a las preguntas de su abogado.

Turull dedicó gran parte de su comparecencia a negar las versiones que acusan de violenta a la sociedad catalana favorable a la independencia.

Cualquier partido en Cataluña que insinúe que para conseguir la independencia es necesaria la violencia está condenado al fracaso, aseguró ante el tribunal. Además, insistió en que la declaración unilateral de independencia fue un acto simbólico, de carácter político y no un hecho consumado.

Declaró en que el gobierno al que pertenecía intentó cumplir la ley y al mismo tiempo acatar el mandato popular. Un político tiene que ponderar todo: lo que dice la ley, que nos debemos a los ciudadanos de Cataluña, y que votar no puede ser delito en una democracia.

Romeva, quien no contestó a los interrogatorios, ratificó que la declaración de independencia fue simbólica y se dijo preso político por defender la democracia.