n los 13 años transcurridos desde la tragedia en la mina carbonífera de Pasta de Conchos, Coahuila –en la que murieron 65 trabajadores, de los que 63 aún yacen entre los escombros, desde el 19 de febrero de 2006–, lo único que hicieron tres gobiernos al hilo (Fox, Calderón y Peña Nieto) fue garantizar impunidad al responsable de ese homicidio industrial, el tóxico empresario Germán Larrea y su Grupo México, beneficiario de la concesión para explotar tal yacimiento.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “existe la voluntad política del Estado mexicano para respaldar la reanudación de las labores de búsqueda (en Pasta de Conchos) en aras de contribuir a la reconciliación nacional y ofrecer garantías de justicia otorgadas por la ley. Estamos dispuestos, incluso, a plantearlo a la empresa (Grupo México)… independientemente de la impartición de justicia, de la reparación de los daños, (porque) para los familiares de las víctimas lo más importante son los restos de sus familiares, el tenerlos. Ese es el sentimiento general.Hay que curar las heridas para lograr la reconciliación”.

Bien, pero López Obrador no puede quedarse en la declaración ni en la promesa de ocasión, como hicieron los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, los cuales tardaron más en comprometerse con los deudos que en incumplirles, siempre obstaculizando el rescate de los cuerpos, negando la justicia y protegiendo a Germán Larrea, a quien dieron más y más concesiones mineras, y de pilón el acceso al negocio petrolero.

En esos 13 años se han sucedido cuatro presidentes de la República (AMLO incluido), seis secretarios del Trabajo, siete procuradores generales de la República (más un fiscal general), un encargado de la tienda (Alberto Elías Beltrán), nueve secretarios de Gobernación (incluido el abogado de Larrea, Fernando Gómez Mont), seis titulares de Economía (encargada de las concesiones mineras) y cuatro gobernadores de Coahuila.

Y hasta ahora, con ese ejército de funcionarios de primer nivel el resultado ha sido el mismo: impunidad absoluta y más negocios con bienes de la nación para Germán Larrea y Grupo México, rotunda negativa para rescatar los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos y total rechazo de las exigencias de los deudos.

Eso sí, por discursos no pararon: prometieron de todo –para proceder en sentido contrario–, pero son cómplices del homicidio industrial. Fox siempre hizo lo que mejor sabe hacer: el idiota; prometió investigar a fondo, pero ni siquiera se tomó la molestia de presentarse en el lugar de la tragedia, y a los cinco días dio por concluido el rescate, echó la tropa a los deudos y dio carpetazo al asunto.

En enero de 2007, Felipe Calderón aseguró que la mina de Pasta de Conchos no cerrará; se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura. Dos semanas después, Grupo México despidió a 250 trabajadores y cerró transitoriamente la mina, sin perder la concesión federal, y la cristiana sepultura se quedó en el discurso.

En febrero de ese mismo año el secretario calderonista del Trabajo, el inefable Javier Lozano Alarcón, declaró que la empresa tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad; no voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje por más importante que sea. Llegué con el ánimo de revivir el caso, no tengo la menor intención de cerrarlo (La Jornada, Patricia Muñoz).

Ya en tiempos de Peña Nieto el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el nuevo gobierno estaba dispuesto a reabrir las investigaciones en Pasta de Conchos y realizar otro peritaje para determinar la factibilidad de rescatar los cuerpos de los mineros.

Las rebanadas del pastel

Y 13 años después, nada cambió. Por ello, López Obrador está obligado a trascender el discurso; no puede convertirse en el cuarto bateador al hilo.

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