Madrid. El juicio contra 12 independentistas catalanes continuó este jueves en el contexto de una huelga general en Cataluña, en protesta por dicho proceso, que tuvo escaso seguimiento en los comercios, no así en la administracion pública. Varios actos de protesta se llevaron a cabo en localidades catalanas, al tiempo que tocó el turno de comparecer ante el Tribunal Supremo a Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC); Jordi Cruixart, presidente de Ómnium Cultural, y el ex consejero del Trabajo Santi Vila, quien se manifestó desde un principio contra la declaración unilateral de independencia.

El fiscal del Estado, Javier Zaragosa, intentó probar el uso de la violencia en la declaración unilateral de independencia por el gobierno del entonces presidente Carles Puigdemont. El interrogatorio se centró en el 20 de septiembre de 2017, cuando una delegación judicial, escoltada por la Guardia Civil, acudió a la Consejería (Ministerio) de Economía para hacer un registro y recabar información sobre el supuesto financiamiento del gobierno catalán al proceso de independencia y a la celebración del referendo, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

Durante el registro, tanto la ANC como Ómnium Cultural convocaron a la sociedad a acudir a la consejería para repudiar el allanamiento, y acudieron unas 50 mil personas, que obligaron a la delegación judicial y a los agentes de la Guardia Civil a permanecer encerrados hasta la madrugada en la sede del edificio público, además de que destrozaron varios vehículos policiales. Como prueba de violencia, el tribunal mostró imágenes de Sánchez y Cruixart sobre las patrullas arengando a los manifestantes megáfono en mano.

A esto, Sánchez respondió: No le quito importancia, pero no es proporcionado creer que una acción concreta, criticable por unos individuos, pocos, sea la excusa para criminalizar y penalizar una movilización de 40, 50, 60 mil personas que estaban presentes de una manera cívica y responsable. Sánchez también negó que hubiera obstaculizado la comitiva judicial.

Por su parte, Santi Vila reconoció que él mismo fungió como intermediario entre el gobierno catalán y el español para impedir que se llevara a cabo la declaración unilateral de independencia y que Puigdemont le aseguró que en lugar de eso convocaría elecciones autonómicas con lo que se hubiera evitado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el procesamiento de los miembros del gobierno catalán y diputados del Parlamento.

En las calles de Cataluña hubo varias manifestaciones contra el proceso. Un sindicato minoritario llamó a una huelga general, cientos de militantes del independentismo radical bloquearon carreteras, calles céntricas de las principales ciudades y obligaron a algunos comerciantes a cerrar sus negocios.

La huelga tuvo escasa incidencia en el comercio, pero sí causó paralización en en la administración pública del gobierno autonómico, en el Parlamento y en los ayuntamientos independentistas.

Por la tarde, miles de personas se manifestaron en Barcelona con banderas independentistas y gritando duras consignas contra el juicio a sus dirigentes.