as manifestaciones de descontento que en semanas recientes se han dirigido contra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su directora general, Elena Álvarez-Buylla, han incluido expresiones francamente cuestionables por su clasismo, racismo y misoginia. En entrevista con este diario, la experta en genética molecular atribuye dichas críticas –cuyo detonante fue el malestar que causaron algunas designaciones de personal realizadas dentro de la institución, las cuales ya fueron revertidas– en parte a la distorsión y rumorología que tienen lugar en las redes sociales, donde se siembran con facilidad ideas que dirigen y exacerban los ánimos. Otro factor detrás de muchos de los señalamientos serían los intereses que se han visto afectados o que se prevé que lo sean a resultas de la transformación que el nuevo gobierno promueve con la finalidad de optimizar la aplicación de los recursos públicos y eliminar el enorme dispendio en rubros difícílmente justificables.

Como ejemplo del origen de algunos ataques contra su gestión, Álvarez-Buylla menciona el caso de los científicos-empresarios, investigadores que formaban parte de las redes corporativas y quienes se encuentran lógicamente nerviosos por la voluntad de cambiar el esquema de transferencias multimillonarias a entidades privadas por uno de cooperación que fortalezca de manera efectiva los medios de producción y a las comunidades científicas mismas.

En este espacio ya se había dado cuenta de las dimensiones francamente escandalosas que alcanzaron dichas transferencias durante los sexenios pasados: sólo mediante el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), Conacyt entregó 7 mil 367 millones de pesos a 512 a grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre las que se cuentan titanes corporativos como IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto, Bayer (antes de que ésta última adquiriese a la anterior), Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México. En total, durante la administración federal anterior, 50 mil millones de pesos fueron transferidos a los proyectos de investigación de diversas empresas, en ocasiones sin que ello reportara beneficio alguno para la nación.

Otro caso de manejo poco responsable de los recursos públicos, cuyo combate es una fuente previsible de inconformidad, es el que se encuentra en la pulverización y duplicidad de los fondos, fenómeno presente a tal grado que, de acuerdo con la funcionaria, algunos proyectos se repetían hasta 20 veces, sin que hasta ahora se haya establecido una coordinación que permita evitar ese inaceptable derroche. Las razones de que tal situación haya persistido, pese al evidente quebranto que supone, habría que buscarlas en la existencia de cotos de poder, reacios a poner sus actividades al servicio del bien común.

Para beneficio del sector científico, crucial si se pretende un desarrollo a mediano y largo plazos, cabe hacer votos porque el Conacyt tenga éxito en su propósito de construir un sistema nacional de ciencia y tecnología más eficaz, eficiente y coordinado, así como de que dicho designio se lleve a cabo, tal como afirmó su directora, con la participación de toda la comunidad científica y tecnológica.