l gobierno estableció el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento ideado, según se anunció, como mecanismo con el que, junto con los sectores privado y social, habrán de impulsarse los proyectos a los que el Presidente ha dado prioridad.

En la ceremonia estuvieron grandes empresarios del país y la encabezó el jefe de la Oficina de la Presidencia. El sentido y el nivel de la convocatoria indicaban, en principio, la relevancia de las acciones encaminadas a acrecentar el gasto en inversión y conseguir un crecimiento de la producción de cuatro por ciento anual, el objetivo fijado para el sexenio.

Hasta ahora sólo se trata de escenografía. La promoción de las inversiones productivas requiere proyectos con propósitos bien definidos, al igual que fijar los retornos esperados. En el caso del consejo, se entiende que están asociados con la rentabilidad económica, criterio muy distinto de aquellos que tienen un objetivo de tipo social. Estos últimos están en otro ámbito de la participación del gobierno en la economía.

Alrededor de los puntos esenciales que delimitan los proyectos, las necesidades de inversión, la participación de las empresas involucradas y los rendimientos esperados, estas inversiones deben responder a otros criterios, más allá de los que usualmente fijan los inversionistas privados, precisamente porque participa el gobierno.

La confluencia de intereses que no necesariamente están alineados en cuanto a objetivos y formas de ejecución complica la identificación de las posibilidades de inversión, es decir, qué, cómo y dónde se produce.

La creación del consejo indica por ahora una actitud política por parte del gobierno y los empresarios convocados. El acercamiento, para que sea efectivo, tiene que manifestarse en un entorno en el que los recelos que ambas partes han mostrado durante muchos meses, desde la campaña por la Presidencia, se conviertan en pactos concretos con la afluencia de los recursos necesarios.

Sólo así se promoverá la inversión, factor clave para elevar el nivel de la producción, la generación de empleo e ingreso para las familias y la captación de impuestos por el gobierno.

El gobierno tiene que adaptarse para que eso suceda. Un asunto central para que esto ocurra puede centrarse en la situación de Pemex, que tiene gran repercusión productiva y sobre las cuentas estatales; también, sobre la calidad del conjunto de la deuda pública.

Hoy, esta condición parece difícil de alcanzar. Un asunto es la voluntad misma del Presidente, otro las actitudes de la Secretaría de Hacienda y del jefe de la Oficina de la Presidencia, y uno más se centra en las capacidades de ejecución de las instancias de los gobiernos federal y locales que participarían en los proyectos.

El impulso a las grandes inversiones, como las que contemplaría el consejo, es una elemento del problema económico que significa elevar el gasto en inversión. Según las cuentas nacionales, la expansión de largo plazo de este indicador es muy bajo para las necesidades de la economía y en los pasados 12 meses su tasa de crecimiento se ha reducido. Esto impacta en la tasa de expansión del producto, que bajó en 2018 y sigue cayendo en lo que va del año.

Las políticas de inversión tienen que diferenciarse entre el sector de los grandes proyectos, como los que representa el consejo, y la miríada de proyectos medianos, pequeños y micro que conforman la actividad productiva.

De lo que se trata es del flujo de recursos que requieren esos negocios para establecerse y mantenerse funcionando –entre ellos, especialmente, el financiamiento accesible y oportuno– y la capacidad de generar acervos para crecer, es decir, para acumular. Por otro lado se trata de los flujos de retorno para sus dueños, sus ganancias y la capacidad de supervivencia en el mercado.

Este es, sin duda, un proceso muy difícil de cumplir de manera eficiente en los negocios de este tipo, mientras más pequeños aún más. Pero es el sector en el que se crea la mayor parte del empleo. Mire alrededor de su barrio la frecuencia con que se crean y cierran negocios de todo tipo. Es una señal. Con un sistema para medir el tiempo en que los negocios se dan de alta y cierran, podría hacerse un examen post- mortem y ver la magnitud del fenómeno. Esto es muy costoso para las familias que invierten en esos negocios. Pero, claro, más de la mitad de la economía opera en la informalidad.