Buenos Aires. La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció este lunes que se han armado causas judiciales en su contra para generar noticias de alto impacto mediático y acusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadío, de cometer verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas, al comparecer ante el tribunal donde se le citó a indagatoria.

Fue citada por ocho causas, algunas inverosímiles, y surgidas del caso las fotocopias, de cuadernos que ya no existen, supuestamente escritos por Óscar Centeno, quien fue chofer de un ex funcionario del Ministerio de Planificación del gobierno anterior, que en realidad resultarían ilegales como pruebas en cualquier lugar del mundo.

Sostuvo la ex mandataria en un testimonio escrito: “no obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba –porque no existe– que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública”.

Actualmente senadora, Fernández de Kirchner y su familia, así como ex funcionarios de su gobierno están sometidos a una persecución judicial y mediática nunca vista a esa magnitud, salvo en dictaduras, y varios ex funcionarios están detenidos preventivamente, sin haber sido indagados, con lo que se viola la Constitución.

Hizo referencia al escándalo que afecta tanto a Stornelli como a Bonadío y a periodistas del diario Clarín, funcionarios y agentes de inteligencia con la detención de un supuesto abogado, Marcelo D’Alessio, quien fue denunciado por intentar cobrar altas sumas de dinero en nombre del fiscal al empresario Pedro Etchebes a cambio de no aparecer en las famosas fotocopias de los cuadernos.

Bonadío citó a la ex mandataria el mismo día en que D’Alessio fue detenido por orden del juez federal de Dolores (provincia de Buenos Aires) Alejo Ramos Padilla por extorsión y asociación ilícita, reiterando el pedido para que se investigue al fiscal Carlos Stornelli. Esto después de un allanamiento a la lujosa casa de D’Alessio donde se encontraron armas, equipos para espionaje, credenciales de la DEA, camisetas de la FBI y carpetas que lo vinculan con agentes de inteligencia, magistrados, funcionarios del Ministerio Público, y del gobierno argentino, incluyendo a las embajadas de Estados Unidos e Israel, entre otros.

De inmediato, el gobierno buscó apartar a Ramos Padilla de la causa y pasarla al juez federal Julián Ercolini, a quien se considera integrante del partido judicial del gobierno.

El empresario Etchebest aportó pruebas, videos y filmaciones demostrando que D’Alessio le pidió 300 mil dólares en nombre de Stornelli para no mandarlo a prisión.

“Corroborada la relación entre Stornelli y D’Alessio... se ha constatado que existen maniobras puntuales que revisten una gravedad institucional mayúscula que no es posible pasar por alto, en las que se constata la participación directa del fiscal, de D’Alessio y de otros actores”, sostuvo el juez Ramos Padilla.

Sobre esto Fernández de Kirchner dijo que “han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades –por no decir verdaderas actividades delictivas– que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal” con el objetivo de “tratar de inventar pruebas (…) tanta ha sido la impudicia de semejante proceder que estos operadores judiciales quedaron atrapados en su propia torpeza. La utilización como elemento de prueba de lo declarado por (el falso abogado) D’Alessio es una muestra irrefutable de los niveles de descomposición a los que se ha llegado”.

La ex presidenta advirtió que sólo es la punta del hilo que parece conectar a abogados, espías, periodistas, jueces, fiscales y defensores oficiales, cuya actuación descontrolada pone en serio riesgo no sólo el funcionamiento de la justicia, sino también la vigencia del sistema democrático.

Fernández de Kirchner respondió causa por causa en un escrito que podría pasar a la historia.