El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) firmaron un convenio para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los solicitantes de refugio o refugiados en México.

El convenio incluye la garantía explícita de que el Estado mexicano no comparta información acerca de la ubicación del extranjero, debido a que uno de los fundamentos en este proceso es que la vida del refugiado, solicitante de protección, corre peligro si es devuelto a su país de origen.

Tan sólo durante 2018, México recibió la solicitud de refugio de más de 26 mil personas, registradas en poco más de 16 mil expedientes.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien este miércoles viaja a Washington para analizar con su contraparte el tema migratorio, y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, fueron testigos de la firma del convenio.

El compromiso entre el INM y la Comar –firmado por sus titulares Tonatiuh Guillén y Andrés Ramírez– señala que durante su estancia en instalaciones del INM, los solicitantes de refugio deben recibir ayuda humanitaria, primeros auxilios, orientación e información sobre sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.

El INM deberá proporcionar un espacio físico a la Comar, en las estaciones y en estancias provisionales, para los peticionarios de refugio.

Los mecanismos de coordinación tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su suscripción y contarán con un comité de seguimiento y evaluación.