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Víctimas de la violencia en Guerrero demandan ser reubicados en breve
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de febrero de 2019, p. 7

Salieron de sus casas al escuchar la balacera, sin tiempo para recoger sus papeles, ropa o bienes más valiosos, decidieron abandonarlo todo, era eso, morir o formar parte del crimen organizado. Los aproximadamente 300 desplazados que se mantienen en plantón frente a Palacio Nacional forman parte de nueve comunidades de los municipios Leonardo Bravo y Zitlala, Guerrero.

La familia Ojeda dejó Tlaltempanapa el 2 de noviembre pasado, cuando un grupo armado se llevó al papá y hermano de Severo, quien llorando los recuerda pues no sabe dónde están ni si siguen con vida.

Él, Francisca Pascual, su esposa y sus tres hijos, uno de ellos recién nacido, primero llegaron a Chichihualco y el 18 de febrero a Ciudad de México. Aunque ella dijo sentirse bien después de 10 días que dio a luz, su cónyuge sabe que no es así. Estamos con el frío, sin comida, teniendo aquí al bebé.

Aunque en esas tierras dejaron su casa y tierras para sembrar maíz, no quieren regresar. Lo que mejor les conviene, añadieron, es que los reubiquen, pues sólo así se sentirán más seguros.

Maricela Castro y su familia abandonaron la localidad Los Morros el 11 de noviembre pasado. Fue al mediodía cuando escucharon la balacera, algunos de los disparos impactaron en sus casas, y al no cesar, se alarmaron.

Buscaron ayuda, narró, en un campamento de soldados que se ubicaba a 10 minutos de su comunidad, pero se las negaron bajo el argumento de que no se podían mover de ahí. La última decisión que tuvimos fue salirnos del pueblo, dijo, y su deseo es regresar pronto.

Entre las carpas y casas de campaña instaladas en el plantón hay 73 familias de Leonardo Bravo, y 18 de Zitlala, quienes representan a más de mil 600 personas, en su mayoría campesinos, que dejaron sus viviendas por el arribo de grupos armados.

Manuel Olivares, defensor de derechos humanos, dijo que a 10 días de su llegada a Palacio Nacional, se han reunido con el subsecretario de Derechos Humanos, Poblaciones y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; con la coordinadora general de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya, y otros colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no les han dado respuesta.

Señaló que no se irán hasta que los reciba el mandatario.