La iniciativa que preparan la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Morena para incentivar las denuncias de corrupción en la administración pública es una medida positiva que ha dado buenos resultados en otros contextos, pero el gobierno debe cuidar la forma en que la lleva a la práctica para evitar posibles abusos y desviaciones, advirtieron expertos.

David Arellano, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, afirmó que hay un altísimo porcentaje de casos de corrupción o fraude que han sido descubiertos gracias a denuncias, tanto internas como externas al organismo en que ocurrieron, pero para que esta herramienta funcione, es necesario tener en cuenta diversos elementos.

Uno de ellos, afirmó, es que se brinde protección tanto al denunciante como al denunciado, no sólo para evitar represalias contra el primero, sino también para asegurarse de que los señalamientos contra el segundo no sean producto de rencillas personales o apreciaciones infundadas.

De igual forma, se requiere una política de capacitación que permita saber a los funcionarios qué actitudes son susceptibles de denuncia, y así conozcan con exactitud si podrían estar cometiendo un acto indebido.

Fernando Sentíes, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, coincidió en que la propuesta de Morena y la SFP es buena, siempre y cuando se aplique de manera adecuada.

Tampoco deben ofrecerse estímulos a los denunciantes, no sólo porque se pondría en riesgo su anonimato, sino porque se generarían incentivos económicos perversos.

Además, las autoridades deberán aplicar filtros para cerciorarse de que las denuncias recibidas tienen bases y no son motivadas por conflictos personales, así como tener mecanismos para saber a qué informes hay que dar prioridad y seguimiento.