Desde el inicio de la presente administración y hasta la primera semana de febrero, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a casi un centenar de servidores públicos, buena parte de los cuales pertenecen a áreas de salud, educación y seguridad.

De acuerdo con una solicitud de información elaborada por este diario y respondida por la citada dependencia, del primero de diciembre de 2018 al 6 de febrero de 2019 se ha castigado a 97 funcionarios, con sanciones notificadas y cumplidas.

Del total de servidores públicos, 26 fueron acreedores a una amonestación privada, 26 a una inhabilitación, 22 a una suspensión, 10 más recibieron una sanción económica y sólo 11 fueron destituidos de sus puestos. En todos esos casos, aún se encuentra corriendo el plazo para que los afectados puedan impugnar las sanciones.

En los casi tres meses que lleva el actual gobierno, los castigos administrativos más fuertes –como las destituciones-- se han impuesto en contra de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, Pemex Logística y la Comisión Federal de Electricidad.

No son los únicos

De igual forma, algunas inhabilitaciones temporales ocurrieron en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además de las anteriores dependencias, también se registraron inhabilitaciones en la Secretaría de la Defensa Nacional, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otros organismos.

Del total de funcionarios castigados, más de 60 por ciento no ha presentado ningún recurso legal para impedir la sanción.