El gobierno federal viola la Ley del Presupuesto de Egresos (PEF) al establecer un nuevo esquema para las madres trabajadoras, ya que no estaba considerado en ese instrumento, y al no presentar las reglas de operación del programa de estancias infantiles. Además, se hostiga a las responsables de esos centros al exigirles la devolución de recursos, señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Sostuvo que el señalamiento de corrupción en las estancias ha ocasionado que las responsables reciban amenazas por teléfono y sean hostigadas tanto en las ciudades como en localidades indígenas; es el caso que se presenta en la sierra norte de Puebla y Los Altos de Chiapas.

Destacó en entrevista que eliminar el programa es un grave caso de discriminación institucional que viene desde la Presidencia y la Secretaría del Bienestar bajo un diagnóstico equivocado y politizado. Se ve como un conflicto entre partidos en donde lo que menos importa son los niños, que, en los hechos, son los que se ven afectados y los derechos de las mujeres no son tomados en cuenta.

Advirtió que no se respetan la Constitución, ni las leyes general de niños y niñas, y la del PEF, la cual planteó el recorte de 50 por ciento al programa de estancias infantiles, que pasó de 4 mil millones de pesos a 2 mil millones.

También, cuestionó el uso político de los resultados de las evaluaciones de la Auditoría Superior de la Federación, cuyas observaciones van dirigidas a los funcionarios, no a las responsables de las estancias y las madres y educadoras fueron víctimas de corrupción.