Ante el conflicto legal que se mantiene por la construcción del hospital general de Cuajimalpa, el gobierno capitalino analiza cancelar el contrato actual de la obra, que ha causado inconformidad en la comunidad, y ceder la edificación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por medio de un convenio de colaboración.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum indicó que se considera la existencia de un amparo que interpusieron los habitantes del pueblo de Contadero contra la obra desde la anterior administración, lo que podría llevar años en resolverse y, por otro lado, debido a que los vecinos tienen la razón en algunos aspectos.

Entonces, la decisión que hemos tomado es, junto con la alcaldía y vecinos, es que se pueda cancelar este contrato y hacer uno nuevo; estamos en ese proceso de análisis, ya en unos días les podemos informar.

Señaló que para la construcción de un hospital en Topilejo, en Tlalpan, está por firmarse un convenio con la Sedena, por lo que también se considera la posibilidad de que la dependencia federal apoye en el caso de Cuajimalpa.

Si es con la Sedena la virtud que tiene, además de que es mucho más económico, es que no tienes que pasar por todo el proceso de autorización con la Cofepris, porque ya están aprobados los proyectos ejecutivos; la gran ventaja de que no tienes que licitar y de que ellos mismos lo desarrollan.

Por separado, Bernar Flores, quien encabeza la defensa jurídica de los habitantes de Contadero, consideró que no es suficiente con cancelar el contrato de la obra, sino que se requiere reubicar el nosocomio, pues se pretende construir en la ladera de una barranca donde nace el río Tacubaya.

Dijo que los predios que adquirió el anterior gobierno para el hospital afectan la zona federal del afluente, lo que fue del conocimiento de las autoridades de Salud, quienes fueron notificadas por la Comisión Nacional del Agua sobre la imposibilidad de utilizar esa área, ya que tampoco cuenta con uso de suelo para el centro médico.

Agregó que se suman otras irregularidades como empezar la obra sin contar con estudios de impacto ambiental y urbano, así como sin que se consulte a la comunidad conforme la Ley de Participación Ciudadana y al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Indicó que se mantiene una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo con las autoridades, pero se ha dejado en claro que los derechos de los habitantes de Contadero no están sujetos a negociación.