a confirmación por parte de Santiago Nieto –titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– de que la institución educativa envuelta en movimientos financieros irregulares no es otra que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) confirma los rumores que circulaban en tal sentido en el ambiente de los medios y anticipa lo que podría ser una nueva manifestación de la corrupción que inficiona nuestra sociedad.
El pasado 22 de febrero, Hacienda anunció públicamente que había recibido, por conducto de la UIF, un reporte proveniente del sistema financiero (no dio más precisiones), según el cual las cuentas bancarias de una universidad estatal registraban una inusual actividad financiera, tanto por el monto de las operaciones observadas como por el origen y frecuencia de las mismas. La actividad de la casa de estudios era digna de cualquier corporación internacional: la serie de depósitos y transferencias que había recibido a lo largo de los meses recientes provenía de 22 naciones, entre los que se contaban España, el Reino Unido y Suiza. De este último país, el más clásico de los receptores dedineros mal habidos, había partido el grueso de la transacciones, una cifra aproximada de 150 millones de dólares. Como si el digno lugar 1001 en nivel educativo internacional que en 2018 le asignó a la UAEH el World University Ranking alcanzara para justificar una recaudación tan copiosa, las autoridades hacendarias, UIF mediante, procedieron a bloquear las bien provistas cuentas de la universidad hidalguense.
Revelado el nombre de la institución, el rector de ésta, Adolfo Pontigo Loyola, dijo estar al tanto de la existencia de una medida cautelar aplicada a una de las cuentas universitarias, y afirmó que hasta ese momento (el día de ayer) no había recibido ninguna notificación oficial sobre el asunto, del que se había enterado mediante los medios de comunicación. En cambio, apuntó que en caso de haber alguna irregularidad financiera, la misma debía ser explicada por el patronato de la universidad, organismo encargado de administrar los bienes de la UAEH.
De tal modo, desplazó el centro de gravedad de la cuestión hacia la figura de Gerardo Sosa Castelán, presidente de ese patronato desde 2009, rector de la UAEH de 1991 a 1998, líder del controvertido Grupo Universidad (en su momento especie de brazo político
priísta), ex diputado por el Partido Revolucionario Institucional (al que renunció en febrero de 2018 para aliarse en las elecciones de ese año con Morena), y cuyo hijo Gerardo Sosa Cravioto fuera asesinado a balazos el pasado 23 de febrero en el municipio hidalguense de Acaxochitlán. En su carácter de responsable del patronato mencionado –si efectivamente éste gestiona, como dice el rector Pontigo, las posesiones de la universidad– Sosa Castelán tendrá que ofrecer las explicaciones del caso.
Cabe recordar un dato; a mediados de 2017 el Congreso de Hidalgo había dispuesto que se nombraran contralores externos para vigilar que los entes autónomos estatales recibieran una vigilancia más estricta sobre sus recursos: entre ellos estaba la UAEH. La universidad se apresuró a ampararse, ganó el amparo y contó con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado lo ratificó esgrimiendo el principio de autonomía que rige para tales instituciones. Precisamente por esta razón el episodio no tuvo mayor trascendencia, pero queda por ver si a la luz de las investigaciones en curso no resulta que aquel rechazo, que parecía natural y plausible, no constituía un asomo de los apuros por los que ahora podría pasar la casa de estudios superiores más antigua de Hidalgo.
