Las hijas del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado en 2013 en Guerrero, llamaron al gobierno federal a garantizar la aplicación de medidas cautelares para todos los integrantes de la familia del luchador social, las cuales no han sido operadas pese al estado de vulnerabilidad en que se encuentran.

En conferencia de prensa, María Soledad Hernández Mena, una de las hijas del ex integrante de la organización Unidad Popular, señaló que desde el asesinato de su padre, el Estado mexicano ha faltado a su obligación de proteger a toda su familia.

Hasta el momento, aseguró, los únicos beneficiarios de medidas cautelares son ella; la pareja sentimental que el activista tenía al momento de su homicidio, Sofía Lorena Mendoza, y el hijo que ambos tuvieron, Arturo Hernández Mendoza.

Tal herramienta, en cambio, no ha sido garantizada para la esposa de Hernández Cardona, Carolina Mena Marchan, y sus hijas Reina y Carolina Hernández Mena, y aunque lo anterior se debió a un error que ya fue notificado a las autoridades, la omisión no ha sido corregida.

De igual forma, recordó que hace unas semanas la presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, manifestó su extrañeza por la falta de aplicación de las medidas cautelares –ordenadas por dicho organismo desde principios de 2018– y llamó al gobierno mexicano a activarlas de inmediato y con eficacia.

La protección de todos los familiares de Hernández Cardona se hace todavía más necesaria actualmente, señaló su hija, porque existe la posibilidad de que en los días próximos haya un careo entre ella y José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, uno de los principales sospechosos por el asesinato del luchador social.

Magdalena López Paulino, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, apuntó que las medidas cautelares de las que es beneficiaria María Soledad Hernández –un botón de pánico y custodia policial ocasional– tampoco son efectivas para su protección.