El Ministerio Público Federal, de la Fiscalía General de la República (FGR), tendrá que informar a Sergio Villarreal Barragán El Grande, identificado como uno de los operadores principales de los Beltrán Leyva, si tiene carácter de imputado o de testigo colaborador en una de las averiguaciones previas.

Lo anterior luego de que un tribunal colegiado en materia penal resolvió amparar a Villarreal Barragán para que le sean entregadas copias certificadas de los acuerdos por los que se le tuvo como testigo colaborador y donde le fue asignado el nombre de Mateo.

Y es que, por acuerdo del 16 de agosto de 2018, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, se negó a expedir las copias.

Villarreal Barragán fue uno de los que se acogió, en octubre de 2010, al programa de testigos colaboradores durante el sexenio de Felipe Calderón y fue utilizado para testificar en varios casos.

Durante la administración de Felipe Calderón, la PGR incorporó al programa de testigos colaboradores a 379 personas, entre ellos a Sergio Villarreal Barragán, con clave Mateo; José Jorge Balderas, Némesis; Jorge Luis Velásquez Sánchez, Paco; Roberto López Nájera, Jennifer, y Salvador Puga Quintanilla, con la clave Pitufo. A este último la PGR lo utilizó en por lo menos 400 averiguaciones previas.

Villarreal Barragán, junto con Jennifer, testificó en el caso de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, a quienes ambos señalaron como parte de una red al servicio de los Beltrán Leyva; sin embargo, los mandos castrenses obtuvieron después su libertad.

Durante la Operación Limpieza, en 2008, fueron capturados siete altos mandos, seis mandos medios y 12 agentes, al vincularlos con una red de informantes al servicio de los Beltrán Leyva.

Entre ellos, Noé Ramírez Mandujano, ex zar antidrogas; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México; Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal, y el ex coordinador de Seguridad Regional de la PFP, Javier Herrera Valles; los señalamientos de Jennifer no tuvieron valor probatorio y todos salieron de prisión.

Por otra parte, Puga Quintanilla fue el principal testigo colaborador en las investigaciones del llamado michoacanazo, en el que fueron detenidos y luego absueltos 34 servidores públicos, entre ellos 12 presidentes municipales.