El gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad institucional por los actos atroces contra cinco jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos de manera forzada, torturados y ejecutados por policías estatales en colusión con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tierra Blanca, el 11 de enero de 2016.

“Reconocemos que el Estado les falló. No hubo capacidad de darles seguridad ni proteger a sus jóvenes. Todos deben saber que elementos de seguridad de Veracruz detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos, dejándoles a ustedes un inmenso dolor (…). Hoy reconocemos públicamente la responsabilidad del estado y su gobierno”, subrayó el mandatario veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez.

El gobernador encabezó ayer el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Gobierno de Veracruz por los crímenes contra Susana Tapia Garibo, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz. El acto respondió a la Recomendación 5VG/2017 por violaciones graves, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y al dictamen presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero sobre todo, a la lucha constante de las familias.

Les ofrezco una disculpa por el actuar de la policía, por la detención ilegal y arbitraria de la que fueron víctimas sus hijos mientras transitaban en una carretera de Veracruz; porque elementos de seguridad que debían protegerlos incumplieron la ley y sin ninguna causa justificada, sin que existiera ningún motivo, se los llevaron y los entregaron a presuntos miembros del crimen organizado.

Ante familiares de las víctimas, funcionarios del gobierno federal, de la CNDH, la CEAV, la Fiscalía General de la República, organizaciones civiles como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez –que ha acompañado a las familias– y de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que se congregaron en el Museo Memoria y Tolerancia, el mandatario se comprometió a terminar con la impunidad en este caso, por lo que demandó a las autoridades locales de procuración e impartición de justicia hacer lo propio.

El listado de razones por las cuales el gobernador ofreció disculpas fue largo: porque no se detuvo a tiempo la colusión entre policías del estado y el crimen organizado; por el sufrimiento que vivieron los cinco jóvenes; porque no regresaron a sus hogares; por la impunidad; por los obstáculos que han enfrentado las familias en su búsqueda de justicia; por la falta de una respuesta estatal diligente frente a esos crímenes; por el intento de criminalizar a los muchachos (al relacionarlos con grupos delincuenciales), y porque la estructura del gobierno estatal ocultó y tergiversó la verdad.

Que quede muy claro: Fernando, José, Susana, José Alfredo y Mario Arturo eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron, subrayó García Jiménez.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que este caso, como miles más, es ejemplo de que la delincuencia organizada aún opera en colusión con autoridades de todos los niveles de gobierno. Esto no seguirá sucediendo. Este país ya cambió y el primer paso es que esta autoridad asuma su responsabilidad para garantizar la seguridad y la vida de todos los mexicanos.

La disculpa pública, dijo, no repara el daño, pero es un paso para hacer justicia y una oportunidad para construir un Estado más justo y frenar las violaciones a los derechos humanos. Rubricó la convicción del gobierno federal para terminar con la impunidad y prometió que acompañarán a las familias hasta las últimas consecuencias.