Magistrados en materia de conciliación y arbitraje alertaron en la Cámara de Diputados que la transición de las juntas de conciliación a centros de conciliación no será automática, sino requerirá al menos cinco años, capacitación y recursos económicos y de sacar del proyecto de ley secundaria aspectos que podrían caer en la inconstitucionalidad.

Durante la nueva jornada de audiencias públicas para debatir la iniciativa de reforma laboral de Morena, el magistrado Héctor Arturo Mercado expresó que, por ejemplo, el centro federal de conciliación y registro laboral que se plantea no puede otorgar personalidad jurídica a los sindicatos.

Explicó que, en todo caso, la característica de uno de estos centros sería garantizar la libertad y la democracia sindical, pero no reconocer a una dirigencia. Incluso alertó que si bien el gobierno actual se presenta como democrático, la ley no es de contentillo y no sabemos quién venga después.

Selene Sánchez Rodríguez, auxiliar de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, planteó a los legisladores que debe entenderse que las juntas no morirán cuando nazcan los tribunales en materia laboral. Hay miles de expedientes que deben desahogarse antes.

Incluso se planteó en el encuentro que se debe dar perspectiva laboral a quienes laboran en las juntas cuando se creen las nuevas instancias, porque es precisamente el personal especializado el que debe revisar y resolver los litigios en curso.

Rosario Jiménez Moles, magistrada de la quinta sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resaltó que no hay eficacia en la solución de conflictos y consideró que la reforma busca depurar todos los temas no relacionados con los tribunales laborales.