unque no hay ninguna iniciativa a discusión al respecto en el Senado, ayer dicha Cámara fue escenario de un ríspido enfrentamiento entre quienes promueven la despenalización total del aborto a fin de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y quienes buscan establecer sanciones o endurecer las existentes contra las que interrumpen sus embarazos, incluso si éstos son producto de una violación o ponen en grave peligro su vida. La discusión, suscitada por la molestia de la senadora Lilly Téllez (Morena) ante el reparto de pañuelos verdes –símbolo internacional de la lucha femenina por el derecho a decidir–, puso de manifiesto que el debate enfrenta, más que a partidos, posturas individuales de los legisladores, que no necesariamente coinciden con aquellas defendidas de manera oficial por los grupos parlamentarios a los cuales pertenecen.
Lo primero que debe asentarse acerca de este choque ideológico, producido la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es que resulta intolerable la mera existencia del margen legal para encarcelar por abortar. Lamentablemente, en México no sólo existe dicho margen, sino que la criminalización por esta causa constituye una lacerante realidad: entre 2007 y 2016 al menos una persona fue denunciada cada día por aborto, y al menos 300 se encuentran presas por este motivo. Tal situación es un atraso de la civilización impresentable por cuanto supone, a todas luces, el uso de la ley para perpetrar la imposición prejuarista de una moral religiosa específica sobre la vida privada.
También es necesario recordar que la despenalización del aborto no lesiona los principios y convicciones de quienes se oponen a esta práctica, pues deja intactos sus derechos a proceder como mejor les parezca en el ámbito de sus propias personas. En cambio, el derecho a decidir parte del reconocimiento de un asunto que, en términos legales e institucionales, no corresponde a la moral sino a la salud pública y que los esfuerzos del Estado deben centrarse en evitar crueles penas de prisión –así como todo tipo de lesiones, en no pocos casos mortales– a las mujeres que, por diversas circunstancias, decidan o necesiten poner fin a un embarazo.
Debe pugnarse, en suma, por que se plasme de manera inequívoca en las leyes federales el derecho a decidir, para lo cual ya hay cuatro iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados el año pasado. En caso contrario, el país seguirá partido en dos, con una capital donde hace más de una década se estableció la plena vigencia de los derechos de las mujeres, y con 18 entidades que criminalizan por ejercerlos.
Finalmente, debe deplorarse el atropello protagonizado el miércoles por los legisladores locales de Nuevo León al aprobar, con 30 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, una cavernaria reforma que criminaliza no sólo el aborto, sino incluso algunos métodos anticonceptivos en nombre de una pretendida defensa de la vida desde la concepción
. Además de las brutales consecuencias para las neoleonesas, la aprobación del dictamen propuesto en 2014 por el Partido Acción Nacional resulta especialmente lamentable por el apoyo que obtuvo de dos diputados de Morena, partido que desde antes de llegar al gobierno federal ha mantenido como una de sus banderas el avance en materia de derechos sexuales y reproductivos.
