Abandono, falta de confianza en las autoridades y profundo descontento en materia de seguridad han provocado que la gente tome justicia por propia mano, ante lo cual tan sólo este año la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investiga dos linchamientos y 11 intentos.

Nashieli Ramírez, presidenta del organismo capitalino, advirtió que dichas cifras son superiores –en 700 y 266 por ciento, respectivamente– a los tres y 18 casos registrados el año pasado, sin contar con un solo detenido y/o el arrepentimiento de la gente.

Las demarcaciones donde se concentra este problema son Xochimilco, donde ocurrieron los dos recientes linchamientos; Álvaro Obregón, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Gustavo A. Madero.

Las víctimas son acusadas de presuntos asaltos, violaciones, abuso sexual o de intentar robar niños, pero en la mayoría de los casos es pura especulación, lo que lleva a las turbas a aplicar justicia por propia mano, señaló.

En entrevista, la ombudsman capitalina afirmó que la situación es preocupante porque las cifras nos hablan de un incremento de intentos y concreciones de linchamiento, lo cual no está relacionado con la llegada de la actual administración.

Los linchamientos, explicó, tienen un proceso largo; no se trata de que de repente quiere la gente tomar justicia, sino que llegan a ese extremo por un proceso de abandono, afrentas comunitarias y falta de confianza en las autoridades y los cuerpos policiacos.

Se trata de un descontento social profundo y una forma de sentirse seguros, como se observó un día después en San Francisco Tlanepantla, donde la gente estaba satisfecha; decía: lo logramos, ahora sí hicimos justicia. No había ningún resquemor, destacó.

La identificación de los participantes es imposible, dijo, porque es un fenómeno colectivo. En las grabaciones que hacen están de espaldas; es Fuenteovejuna, lo que es preocupante porque justificas y colectivamente armas un acuerdo social que está al margen de la ley.

Hoy, consideró, se requiere de un diagnóstico y actuar inmediatamente y no sólo utilizar la represión para revertir el proceso social de descomposición y credibilidad que enfrentan, para evitar que digan que la autoridad va contra ellos y no por los delincuentes.

Reconoció que es una lógica muy perversa, pero debemos cuidar ese aspecto, pues no podemos justificar un linchamiento, como tampoco nada más incrementar las penas o dejar a alguien, esa no es la ruta.

Puntualizó que en un intento de linchamiento en Magdalena Contreras se emitieron medidas cautelares para que las autoridades llegaran a tiempo y no pasara a mayores; y se ha pedido a las autoridades la información correspondiente para continuar con la investigación.