Guadalajara, Jal., La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atendiendo una controversia constitucional presentada el año pasado por el Congreso de Jalisco, resolvió revocar la entrega material y jurídica que el gobierno federal hizo a la empresa Concesionaria del Acueducto del Zapotillo SA de CV (filial de la firma española Abengoa) de terrenos de uso común, el 7 de octubre de 2014, para que en ellos se construyera el acueducto que llevaría agua de la presa El Zapotillo, en Jalisco, hacia León, Guanajuato.

El grupo opositor a la construcción de la presa y al trasvase de agua de Jalisco a Guanajuato afirmó que esta resolución implica imponer los santos óleos al proyecto. Aseguraron que tras reunirse en la Ciudad de México con funcionarios federales en la Secretaría de Gobernación, el objetivo ahora es el desmantelamiento total de la presa, que por otros recursos jurídicos está detenida a una altura de cortina de 80 metros desde hace al menos cuatro años.

El recurso de reclamación 60/2018-CA, derivado de la controversia constitucional 116/2018, fue parcialmente fundado, según la resolutoria, que señala: Se revoca el auto recurrido del 6 de julio de 2018, dictado en la controversia constitucional 116/2018 por lo que hace a los actos consistentes en el acta de entrega-recepción inicial del derecho de vía y terrenos del 7 de octubre de 2014 (...) y el acuerdo del secretario de Infraestructura y Obra Pública del estado de Jalisco del primero de julio de 2016 por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro del derecho de vía de la carretera estatal 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe.

Los ministros Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, Jorge Mario Pardo (ponente), Alfredo Gutiérrez y la presidenta, Norma Lucía Piña, votaron en forma unánime.

La controversia se dio por la falta de un estudio de impacto ambiental del acueducto. Aún no se construye un metro de los 140 kilómetros de la obra, que debió iniciarse en 2014 y que por falta de recursos de la empresa española Abengoa –que se declaró en quiebra el año pasado– quedó en papel, lo que permitió a los opositores ampararse.

La resolución de la SCJN también da marcha atrás al acuerdo de distribución de aguas superficiales del río Verde de septiembre de 2005, el cual permitiría un trasvase de 3 mil 800 litros por segundo de agua desde El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, y de mil 800 litros por segundo a localidades de los Altos de Jalisco. En ambos casos, el agua sería vendida a los consumidores por la empresa española durante los 25 años que duraría la concesión, a cambio de una inversión estimada hasta el año pasado en 6 mil 866 millones de pesos.

Abengoa, que para efectos de contrato fue denominada Concesionaria del Acueducto del Zapotillo SA de CV, entró en 2015 en bancarrota. Pese a ello, el gobierno de Jalisco, entre el 30 de abril y el 12 de noviembre de ese año, compró 603 millones de pesos en bonos de deuda tomados del ahorro de trabajadores estatales y municipales administrados por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Apenas la semana pasada, la nueva administración del Ipejal informó que los 603 millones de pesos invertidos en los bonos perdieron su valor por la quiebra de Abengoa, por lo que, contando intereses desde su adquisición, la pérdida representaba en total 705 millones de pesos, lo que motivó que fuera presentada una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.