La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios ha favorecido más a los intereses del mercado financiero que a una regulación de los pasivos que tienen los estados, demarcaciones y sus entes públicos, que al cierre del tercer trimestre de 2018 rebasaron los 575 mil millones de pesos.

En un análisis realizado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se advierte que esta problemática debe ser retomada por la administración del presidente López Obrador, quien ha expresado que no se contratará más deuda pública; de concretarse, esta medida influirá en ese nivel de endeudamiento que ha crecido significativamente desde 2008, cuando el monto apenas llegaba a 203 mil millones de pesos y en los pasados 10 años casi se triplicó.

María Isabel García Morales, académica de la Escuela Superior de Economía y especialista en temas hacendarios y de presupuesto, señaló que este problema se centra en que los estados y municipios no tienen la capacidad financiera para pagar obligaciones contraídas con recursos que ellos recauden.

Explica que el endeudamiento casi siempre lo hacen comprometiendo sus futuras participaciones y aportaciones federales, lo cual los convierte en doblemente dependientes: ante la Federación y ante el mercado financiero.

El análisis demostró que la ley de disciplina financiera, promulgada en la administración anterior, no regula de manera rigurosa el endeudamiento de estados y municipios, ni pone límites estrictos en la contratación de pasivos.

Incluso, señala que en la práctica se concede mayor margen para acceder al mercado financiero.