La Secretaría de Gobernación (SG) convocará al Poder Judicial y a las instancias involucradas en la procuración e impartición de justicia para determinar cuáles son las fallas en los procesos para corregirlos, anunció la titular, Olga Sánchez Cordero.

Además, en la SG se creará una unidad para el fortalecimiento del sistema de justicia, la cual estará bajo la responsabilidad del subsecretario Alejandro Encinas, indicó la funcionaria, luego de participar en la presentación del libro Colores de libertad, escrito por el abogado y activista Miguel Pulido Jiménez, donde relata la historia de las indígenas Alberta, Teresa y Jacinta, quienes en 2006 fueron acusadas de secuestrar a agentes federales y aunque nunca se presentaron las pruebas en su contra, pasaron entre tres y cuatro años en prisión.

Sánchez Cordero dijo que la procuración e impartición de justicia es de alta prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador y sí tenemos algunos temas (que tratar), como el ocurrido recientemente en Tamaulipas, donde un magistrado de un tribunal unitario determinó la libertad de individuos que fueron procesados por secuestro y desaparición forzada de decenas de personas.

A reserva de conocer la sentencia y la justificación del magistrado, a bote pronto es muy delicado otorgar la libertad a quienes han sido señalados por la sociedad como delincuentes de alta peligrosidad, indicó.

Del otro lado están los casos como el de las indígenas de Querétaro, ocurrido en 2006 y por el cual en 2017 el Estado les ofreció una disculpa pública, porque eran inocentes. Se les acusó sin pruebas ni fundamentos, recordó Sánchez Cordero, quien conoció del caso cuando se desempeñaba como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal determinó la libertad de las mujeres por falta de pruebas en su contra.

Luego la funcionaria planteó que casos como ese nunca más deben ocurrir, pero revelan la vulnerabilidad de algunos grupos frente a la justicia, sobre todo si son indígenas, si sólo hablan su lengua originaria, si son pobres y mujeres.

Aunque las fallas no son una constante en el sistema judicial, es obligación del gobierno hacerse cargo de los casos que surgen, dijo después de comentar que el pasado lunes durante el informe de los primeros 100 días del actual gobierno le tocó sentarse junto al presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, y le propuso una reunión con el fiscal general de la República y otras instancias para ver dónde están los problemas.

Por lo pronto, en la unidad para el fortalecimiento del sistema de justicia se empezarán a revisar los casos, entre ellos los que se le han presentado a López Obrador de personas privadas de su libertad de manera injusta.

Así que la SG será por primera vez transparente y está comprometida con los derechos humanos y las causas justas en la procuración e impartición de justicia, sostuvo.