El aeropuerto de Santa Lucía y la vida cotidiana de los municipios aledaños a ese proyecto estarían en serio riesgo por la falta de agua que ya aqueja a esa región mexiquense, y podría agravarse si las autoridades no explican cómo garantizarán el suministro del líquido y toman en cuenta las opiniones de los habitantes.

Así lo advirtió Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien señaló que si el gobierno no informa a las comunidades cercanas al aeropuerto sobre cómo esta terminal se ampliará para su uso civil, puede gestarse otro conflicto social como el ocurrido en el sexenio de Vicente Fox.

El abogado indicó a La Jornada que pese a la gran cantidad de anuncios sobre el proyecto de reconvertir el aeropuerto militar en centro de llegada de vuelos comeriales internacionales, no ha habido ningún tipo de decreto, informe público ni manifestación de impacto ambiental en la materia.

Lo anterior, dijo, es especialmente delicado, porque según estudios recientes de la Comisión Nacional del Agua, en la subcuenca Cuautitlán-Pachuca –que forma parte de la Gran Cuenca del Valle de México– ya hay una sobrexplotación de los mantos freáticos de 800 por ciento, en gran medida por el surgimiento de proyectos de desarrollo inmobiliario rapaz y desordenado.

Ante ello, comunidades de Zum­pango, Tecámac y Nextlalpan han comenzado a organizarse para exigir que las autoridades federales expliquen cómo garantizarán el abasto en la zona, la cual sufre de estrés hídrico que podría agravarse con un aeropuerto internacional.

Lara recalcó que el gobierno federal debe presentar estudios que acrediten cómo se garantizará el uso del agua tanto para el aeropuerto como para los pueblos que lo rodean, pues de lo contrario estaría latente el riesgo de que las comunidades sean despojadas de sus pozos.

Ya se entablaron comunicaciones con secretarías y se está planteando la necesidad de hacer mesas de trabajo, pero es preocupante que sigan anunciando la construcción de una obra sin información para las comunidades. Hay un riesgo real de escasez de agua y los vecinos no van a permitirlo sin hacer nada, lo que deja abierta la posibilidad de un conflicto social, puntualizó Lara.