El gobierno federal eliminó el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (Paja), a pesar de que hay alrededor de 9 millones de mexicanos –entre los trabajadores y sus familias– que migran de sus comunidades para trabajar en la agricultura en los estados norteños, donde enfrentan problemas laborales, de insalubridad, falta de educación y hacinamiento.

El Paja estaba adscrito a la Secretaría de Bienestar y su objetivo era reducir las condiciones de vulnerabilidad de esta población, con apoyos a su llegada a las unidades de trabajo con servicios de salud, educación y albergues. Aunque durante el sexenio pasado el programa se fue deteriorando, no era para que se desapareciera y se abandonara a esta población; debía fortalecerse, señalan expertas.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2017 el programa atendió a 76 mil personas, y durante el sexenio pasado su presupuesto se redujo: de 270 millones de pesos en 2012 pasó a 213 millones en 2017, pero este año no se le dio un peso.

Ahora, el Paja desaparece sin dejar claro el tipo de atención que se dará a esta población. No se sabe cómo se atenderá a las mujeres, a los niños. Falta un diagnóstico y visibilizar la problemática. Se vulneran los derechos humanos de millones de personas, señala Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

El reto ante el actual gobierno es hacer visible la migración interna en México y los derechos laborales de los jornaleros son históricamente vulnerados, aunque se han hecho reformas no se han visto beneficiados, porque carecen de formalidad en su relación laboral, indica en entrevista. Es un gran vacío en la agenda gubernamental.

Hay alrededor de 3 millones de jornaleros, de los cuales 350 mil son mujeres, indica Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y desde hace casi 30 años especializada en el tema. A los trabajadores, muchas veces se suma la familia, y así el número de mexicanos que migran a los campos agrícolas del norte llega hasta 9 millones.

Aunque el Paja era una vergüenza, lo que se debió hacer era fortalecerlo. En los albergues hay un gran abuso, son insalubres, los contenedores de agua están contaminados, no hay drenaje adecuado, hay pocos baños. Pero una ventaja era que si había enfermos, el médico acudía, y los promotores se encargaban de cierta atención, señala Barrón.

Indica que siguen los abusos a los jornaleros, no se cumplen las promesas de pago, corren a la gente, la abandonan en la carretera, no tienen contrato de trabajo, hay irregularidades en el pago, no hay jornadas fijas, trabajan hasta 15 horas diarias y si no lo hacen no les pagan. Los trabajadores que viajan con sus hijos no tienen derecho a guardería, trabajan 25 años, carecen de seguridad social y no tienen jubilación. El Paja apoyaba a jornaleros en la creación de guarderías, organizaba a la gente para que hubiera cuidado de los niños, buscaba financiamiento para ello; organizaba a Conafe. ¿Hoy con quién acuden?

La inconformidad por la situación llevó a 70 mil jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, a que el 17 de marzo de 2015 iniciaran una huelga en demanda de mejores salarios. Efectuaron bloqueos carreteros y protestas por varias semanas hasta que lograron una mejora salarial con un pago de 300 pesos por jornada. El salario promedio es de 160 pesos. Pero en 2018 se los bajaron, dice Barrón.

Indica en que en muchos casos esa mejora salarial llevó a un aumento en la jornada laboral: si cortaban 50 cubetas de jitomate –cada una de 20 kilogramos–, los obligaban a cortar cien. En este momento la producción importante está en Sinaloa; hay que esperar a ver qué ocurre entre junio y agosto, que van a Valle de San Quintín, en Baja California, y a valle de Arista, en San Luis Potosí, menciona.