e nueva cuenta, como ahora parece costumbre en los tiempos de la presidencia de Estados Unidos bajo el nacional-trumpismo, asomó la faz de una insolente narrativa imperial en las presentaciones de Mike Pompeo y James Richard Perry (Rick Perry), secretario de Estado y titular del Departamento de Energía (DOE por sus siglas en inglés) del gobierno de Donald Trump, respectivamente. La mencionada insolencia en ambos funcionarios tiene su manifestación estructural en una narrativa triunfalista, desmesurada, sobre la capacidad geológica de la explotación de combustibles fósiles no convencionales (shale) de generar una abundancia energética sólida.

Pompeo y Perry asumen abundancia energética por décadas, para su diplomacia mundial. Pero los datos derivados de cuencas shale clave demandan un discurso más sobrio, moderado y realista. En los estudios de la prospectiva del gas natural de la Energy Information Administration (EIA) del DOE publicados en 2011 mostrando una abundancia del petróleo y gas en lutitas (no convencional ), la EIA advirtió que sus cálculos no eran para echar las campanas al vuelo, pues contenían “un alto grado de incertidumbre, empezando con la proyección sobre la dimensión de lo que es técnicamente recuperable en relación al gas shale” y alertó hace ocho años que los cálculos contienen muchos supuestos que a largo plazo pueden resultar falsos.

Esas advertencias fueron desoídas por el big oil, en su afán de cabalgar la ola de la abundancia shale por 100 años, como planteó ante el Congreso el ex presidente Obama. Montado en esa ola se atacaron al menos tres rubros: A) Apuntalar la campaña contra las energías limpias. B) Desactivar toda regulación internacional vinculante de los llamados gases de efecto invernadero. C) Como pivote de presión para la privatización/extranjerización de empresas tipo Pdvsa y yacimientos de combustibes fósiles, convencionales y no-convencionales. Esa campaña se lleva a cabo por medio de instrumentos de Estado para el regime change.

En Agosto de 2013, en los primeros 10 a 15 minutos de la presentación –con articulistas de La Jornada– de Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Energía del gobierno de Peña Nieto articuló los mismos argumentos que se le escucharon a Pompeo y Perry en Cera-Week sobre la “revolución shale”, su complejidad y, en nuestro caso, la necesidad de alianzas y privatizaciones para poder proceder con un vasto plan de perforaciones shale de alta toxicidad (unas 60 mil) en México.

Los antecesores de Coldwell, de manera sistemática, procedieron con un diseño articulado desde las Cartas de Política por Rama del Banco Mundial que incluyen los siguientes rubros:

1. Permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero. 2. Permitir que exista inversión ex-tranjera mayoritaria en petroquímica. 3. Dividir a Pemex en empresas que compitan entre sí. 4. Permitir la competencia doméstica e internacional frente a Pemex. 5. Privatizar Pemex.

A este diseño se agregó, durante el sexenio salinista, un sustancial aumento en la carga fiscal de Pemex, desde la Secretaría de Hacienda, que desde entonces tuvo que acudir al endeudamiento para saldar un ritmo creciente de obligaciones, que se acumulan junto al pago de onerosos intereses hasta hoy, cuando se realiza un giro histórico por el rescate del sector petroeléctrico.

La sistemática agresión a Pemex es parte de añejos diseños interamericanos bajo auspicio de Estados Unidos, victorioso después de la Segunda Guerra Mundial, contenidos en lo que se conoció como el Acta de Chapultepec (1945) para acotar y privatizar las empresas públicas y fundamentalmente frenar la industrialización de naciones a las que se asignó el papel de proveedoras de materia prima. México rechazó esos términos por su corte colonial y antiobrero: la transformación petrolera era vital a la generación de empleo y bienestar: lo que siguió, con crecimientos del PIB de 6 por ciento fue resultado de una gesta de ingeniería civil y petrolera. No así los neoliberales que al calor de la torpe negociación de la crisis deudora se sometieron a la agenda reprivatizadora del BM-FMI-BID, a las firmas de asesoría tipo Cera, McKinsey y bancos de inversión, en especial al poderoso cabildo de petroleras alarmadas por la insistencia de países como México, por industrializar sus recursos naturales desviándose del guion asignado de extraer y exportar materia prima, petróleo gas , minerales a los centros industriales del mundo y además, exportados por firmas extranjeras en territorios vigilados y protegidos por Estados Unidos.

México fue el chico malo: nacionalizó el petróleo en 1938, desatendió el diseño colonial/militar estadunidense y desplegó gran esfuerzo en la preparación de trabajadores y técnicos, una verdadera gesta en la que participaron, además de la UNAM e IPN en docencia e investigación, el Instituto Mexicano del Petróleo en labores de investigación y desarrollo, para reforzar la industrialización del petróleo y del gas natural, gran generadora de empleo.

José Felipe Ocampo Torrea, en La Energía en México (Ceiich/UNAM 2008) muestra cómo la petroquímica fue desarrollada en forma extraordinaria en México obteniendo en su sector estatal producciones de cerca de 20 millones de toneladas anuales. Pero el impulso de Pemex a encadenamientos productivos desde la petroquímica preocupó a la cúpula de Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron Texaco.

A finales de la década de los años 60, recuerda Michael Tanzer, el Wall Street Journal destacaba que el monopolio petrolero nacionalizado de México es tan exitoso que preocupa a las firmas de la industria. Temen que otras naciones sigan el ejemplo de Pemex cuya eficiencia puede dañar las operaciones petroleras privadas en el resto de América Latina y en Oriente Medio. A un gerente citado por el WSJ, le alarmó que una empresa pública tan exitosa como Pemex (llegara a ser) modelo para otros países que se inclinan por nacionalizar su petróleo.

Perry, además de declarar al Houston Chronicle que las grandes petroleras de su país quieren el cambio de régimen en Venezuela, propone la integración energética de la América del Norte (Bloque Energético de la América del Norte, BEAN), que giraría en torno a los abastecimientos de materia prima para su potente industria bélico-industrial en pie de guerra contra China, país con el cual el texto del T-MEC impide toda relación si algún integrante del convenio considera que carece de una economía de mercado. Aún más, proyectos como la refinería en Tabasco han sido sistemáticamente vetados bajo el argumento de que ya hay suficientes refinerías en América del Norte.

*Más detalles en mis artículos publicados en La Jornada de junio y diciembre de 2013.