Venta callejera de armas: foco rojo
s del conocimiento público –todo mundo sabe– que en ciertos tianguis y en algunos mercados sobre ruedas la venta de objetos robados es lo más común, y pareciera que hay un acuerdo silencioso para que las denuncias por este hecho ilícito no existan.
Quien acude a esos puntos de comercio entiende que podría ser víctima de algún delito y que no habrá posibilidad de pedir justicia cuando de lo que se trataba era de burlar la ley.
El argumento de la necesidad, de la pobreza es, hasta cierto punto, válido. Conseguir lo necesario por debajo del precio del mercado formal resulta, en muchos casos, la única posibilidad de obtener algún artículo necesario, pero alimenta al crimen que se cubre con la gruesa capa de la impunidad.
Y ese argumento, el que se utilizó para dejar pasar, digamos, la venta de objetos robados, aunque fueran intereses muy oscuros, es la razón por la que no se actuaba en contra, y esa capa de impunidad creció y de pronto, pero desde hace más de seis años, apareció la venta de armas en los mercados callejeros.
Al principio se identificó a las pacas de ropa usada importada como la forma de introducir, siempre desde Estados Unidos, las armas al país. Hubo operativos que lograron hallar la prueba del ilícito, pero no sirvió para frenar esa forma de contrabando.
A la fecha, la portación de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército es una vaga idea que soporta alguna ley, pero es sólo eso. Quien puede comprar un arma ya sabe dónde encontrarla. Los mercados callejeros son, todo parece indicar, la principal fuente abastecedora de armas de fuego no permitidas a civiles en la Ciudad de México.
Ayer el jefe de la policía, Jesús Orta, sorprendió con la cifra de las armas –144 mil– que ingresan ilegalmente al país, pero dijo no tener idea de cuántas llegan ¿o se quedan? en la capital, y culpó a la venta en comercios informales de esta situación.
Iztapalapa es donde se ha ubicado la mayor parte de los datos que respaldan el dicho, y es en Santa Cruz Meyehualco donde los vecinos aseguran que se da la venta de armas y donde, según los planes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se habrá de actuar para frenar ese ilícito; pero a decir verdad, aún no se vencen las resistencias de los comerciantes, quienes no quieren perder lo que podría ser su mayor ingreso.
Pero algo debe hacerse ya. Si como se ha declarado, 80 por ciento de las muertes dolosas son causadas con armas de fuego ilegales, el abono a la pacificación de la ciudad, tan necesaria ahora, sería muy palpable y desde luego frenar el ilícito sería un hecho reconocido por todos.
El asunto es que la denuncia no quede solo en dicho. Cuando se da a conocer un problema tan grave y no pasa nada, la impunidad se transforma en deshonestidad del funcionario público y en cinismo del comerciante.
Pero lo peor: si alguien supone que desde Youtube se podrá organizar una forma de comunicación válida y suficiente para cambiar la percepción de la ciudadanía sobre la criminalidad, nos parece que será un error sumado a los ya cometidos. Comunicar no es engañar.
De pasadita
Por cierto, queda claro que la libertad de expresión no es un crimen, por lo que no puede ser perseguida, cuando menos en un gobierno como el que ahora actúa en el país, pero cuidado, que esto no se confunda. Cuando existe un ilícito de por medio la cosa es diferente y la ley debe y tiene que cumplirse aunque su ejecución quiera distorsionarse y trate de venderse como límites al derecho de expresar lo que en conciencia se quiere decir. Aguas.
