arece que la fiesta de los neolatifundistas llegó a su fin: No más concesiones mineras, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque buena parte del territorio nacional está en manos de los empresarios del ramo sin que el país obtenga prácticamente ningún beneficio a cambio.

Desde la privatización de la minería en México –a partir de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, cuando las paraestatales de ese sector y de la siderurgia pasaron a manos empresariales–, los seis gobiernos neoliberales concesionaron la mitad del territorio nacional a tóxicos barones, como Germán Larrea (Grupo México), Alberto Baillères (Peñoles), Carlos Slim (Frisco), Alonso Ancira (Grupo Acerero del Norte) y unos pocos más, amén de entregar enorme reservas auríferas a los consorcios canadienses, a los cuales, en la irracionalidad total, ahora el gobierno mexicano debe comprarles oro… mexicano.

López Obrador explicó: Esa es la regla y no hay ningún problema con las concesiones (vigentes), nada más que ya no vamos a dar más porque, para qué quieren más, ya es mucho. Hay, la verdad, una cantidad de concesiones para la explotación minera como nunca, lo que ya entregaron de concesiones los gobiernos neoliberales no se lo acabarían las empresas ni en mil años, porque entregaron concesiones del orden de 40, 50 millones de hectáreas. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron como 40, 50 millones, como 25, 30 por ciento del territorio nacional. ¿Cuándo van a acabarse esas concesiones?

Esas son las cifras de AMLO, quien advierte: Ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales; se pasaron, no tuvieron llenadera. Sin embargo, la estadística oficial (hasta la primera mitad de 2018) documenta que sólo en los pasados tres gobiernos neoliberales (Fox, Calderón y Peña Nieto) las nuevas concesiones mineras ampararon cerca de 70 millones de hectáreas (105 millones si se considera el sexenio de Ernesto Zedillo), la mitad de ellas otorgadas en el sexenio de Felipe Calderón, durante el cual –no hay que olvidarlo– el abogado corporativo de Germán Larrea ocupó la Secretaría de Gobernación (Fernando Gómez Mont) durante casi dos años.

Al día siguiente de su toma de protesta (2 de diciembre de 2012), el entonces inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y sus jilgueros presumían su Pacto por México y entre sus compromisos (número 61) anunciaron que expedirían una nueva Ley para la Explotación Minera, que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados con la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras.

Incumplieron, pero con EPN la Secretaría de Economía otorgó nuevas concesiones mineras, que ampararon más de 8 millones de hectáreas, al tiempo que el gobierno garantizó impunidad a Larrea, el zar del cobre, y su Grupo México por derramar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que fue calificado por la Semarnat de el peor desastre ambiental de la industria minera del país.

De pilón, los impúdicos senadores de la República otorgaron (2015) la medalla Belisario Domínguez a otro tóxico barón de la minería, Alberto Baillères, el zar de la plata, como un justo reconocimiento a su sobresaliente contribución, sin que ningún legislador aclarara a qué. Desde luego, además de la presea, el gobierno le otorgó millones de hectáreas en nuevas concesiones.

Las rebanadas del pastel

Tras el anuncio, el presidente López Obrador recordó: El general Cárdenas le entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas para constituir ejidos y reconocer bienes comunales, nada más que a un millón de familias campesinas, de 1934 a 1940, cuando la población era de 20, 25 millones de habitantes, y Calderón entregó 20 millones de hectáreas (35 millones, según la estadística oficial) más a un puñado de empresas mineras. He ahí la diferencia.

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