La procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, informó que cuatro empleados de Coyoacán y uno de Cuauhtémoc aceptaron haber recibido dinero de empresarios para instalar una feria en la Alameda del Sur, por lo que llegaron a un acuerdo reparatorio con los involucrados.

En la audiencia inicial, que se llevó a cabo en los juzgados para delitos no graves, los imputados, entre los cuales están Eduardo Ramírez Vallejo y Ramón Gildardo Flores Ramírez, asesor y concejal de la alcaldía de Coyoacán, dos trabajadores administrativos y un secretario particular, aceptaron pagar 100 mil pesos por reparación de daños y 30 mil por perjuicios. Con ello quedan absueltos en materia penal, aunque continúa la investigación de la Contraloría y que podría determinar sanciones administrativas, que van desde una sanción económica hasta una inhabilitación.

Los denunciantes grabaron un video donde discuten con uno de los servidores públicos, que les exige más de medio millón de pesos para permitirles instalarse, por lo cual se inició una carpeta de investigación por el delito de extorsión agravada, pues dicha cantidad se las exigieron el 15 y el 25 de diciembre y el primero y el 6 de enero.

Los expedientes quedaron radicados en la Fiscalía de Servidores Públicos donde se ejerció acción en contra de los imputados, precisó la procuradora, quien recordó que sigue pendiente una investigación contra el alcalde Manuel Negrete por la exigencia de presuntas cuotas a los trabajadores.

Mientras, los titulares de 14 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México firmaron ayer un convenio con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, en un acto en el que se comprometieron a generar gobiernos más abiertos y transparentes.

Sin embargo, el titular de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, se pronunció por establecer mecanismos que permitan tener certeza sobre las personas que solicitan información pública, pues en muchas ocasiones utilizan identidades falsas y se puede dar mal uso de la información.

Los alcaldes se comprometieron a publicar en sus páginas web toda la información de sus administraciones, lo cual, señalaron, permitirá disminuir el número de peticiones.