La Secretaría de Gobernación (SG) solicitó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) poner a disposición de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa toda la información y materiales en su poder acerca de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Después de difundirse, vía medios de comunicación, materiales que el Ejército no ha entregado a los canales oficiales de investigación (entre ellos uno acerca de que uno de los desaparecidos habría sido miembro activo de las fuerzas armadas), padres de las víctimas y representantes de organismos civiles advirtieron que esta situación atiza la desconfianza en el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.

Félix Santana, director de estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de la SG y secretario técnico de la comisión Ayotzinapa, señaló: El subsecretario (de Derechos Humanos) Alejandro Encinas solicitó en un oficio información a la Sedena a efecto de que se clarifique la participación del Ejército en los hechos. Los padres han solicitado que la Sedena comparezca y dé a conocer la información.

Adelantó que la comisión, creada por acuerdo presidencial, presentará su informe en marzo de 2020.

En tanto, para finales de marzo se espera la designación del fiscal especial para la investigación, quien trabajará con los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo representante en México, Jan Jarab, asistió a la sesión de ayer.

Además, se dio a conocer la ruta de trabajo de los especialistas que integraron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aunque aún no se confirma quiénes vendrán de nuevo a México para participar en el mecanismo de seguimiento reforzado.

En cuanto a la información difundida por la Sedena, Vidulfo Rosales, representante de los familiares de los normalistas desaparecidos, dijo que el asunto despertó preocupación en los padres, porque puede afectar la investigación, además de que la actitud de la secretaría contrasta con el espíritu de la comisión para la verdad”.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que padres y madres hicieron un fuerte extrañamiento por la difusión de unos videos tomados por elementos del Ejército y que no se incluyeron en la investigación (del caso) Ayotzinapa.

Más allá de si los materiales acreditan o no que uno de los estudiantes desaparecidos realizaba alguna labor de inteligencia en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, lo que muestra, agregó, es que el Ejército tiene más información de la que ha entregado.

“Da razón a los familiares en el sentido de que ‘el Ejército no ha jugado derecho, no ha puesto sobre la mesa la información que tiene’. Eso atiza la desconfianza” en ese instituto, indicó Aguirre en entrevista.

La realidad es que el Ejército, al haber ocultado información y (que) sus declarantes omitieron o falsearon hechos, ha colocado sobre el papel del 27 Batallón de Infantería un manto de sospecha que permanece hasta el presente, dijo Aguirre.

Otro de los puntos tratados ayer se refiere a la forma en que operará la asistencia técnica internacional y el apoyo de atención a la salud para los familiares de los jóvenes. Se acordó que el 28 de marzo los integrantes de la comisión para la verdad se reunirán con el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.