Armando Saldaña Flores, director general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, fue vinculado a proceso por el presunto desvió de 185 millones de pesos.

El juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó como medida cautelar que el ex funcionario se presente a firmar cada tres semanas en el Centro de Justicia Penal de Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, durante el tiempo que dure el proceso y le prohibió salir del país sin permiso de la autoridad judicial. Además dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual vence en junio.

Durante una audiencia inicial de vinculación a proceso, que duró más de ocho horas, el impartidor de justicia dijo que la fiscalía presentó las pruebas suficientes para determinar que hubo actuación con dolo, por lo que reclasificó el delito en la hipótesis de que Saldaña formó parte de una contratación indebida y solicitó o promovió autorizaciones de contenido económico. Por su parte, la defensa legal impugnará el fallo.

Contratro con universidad politécnica de Hidalgo

A Saldaña Flores (ahora denominado por las autoridades ASF) se le acusa de firmar el convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/339901.03/2016, en febrero de 2016, con el entonces rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, Juan de Dios Nochebuena Hernández, quien también continúa un proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de dar una aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos.

El acuerdo consistía en la contratación de servicio profesional y técnico para el desarrollo del sistema de operación del Centro Ciudad de las Mujeres, de Tlapa de Comonfort, Guerrero, pero los trabajos no los entregaron en tiempo y forma o fueron fraudulentos. Además, ni la Universidad Poltécnica o Sedatu pudieron comprobar que los trabajos se llevaron a cabo.

Para la fiscalía dicho contrato fue indebido, ya que de acuerdo con los datos de prueba, las condiciones eran que la Universidad Politécnica no podía subcontratar a un tercero más de 49 por ciento de lo acordado. Sin embargo, pagó casi 98 por ciento de los recurso a las empresas Vicma e Inner; acusó que el ex director general de ordenamiento territorial giró nueve oficios cuando era funcionario para realizar el millonario pago, a pesar de que no sujetarse a las reglas de contratación establecidas.

En la diligencia, el acusado declaró que el convenio y los oficios contenían su firma falsificada. Además, que la fecha en dos de éstos no coincidían, porque en esos días se encontraba comisionado en nueva York y Barcelona, por lo que pidió que su nombre no sea manchado por su bien, el de su familia, su esposa y su hijo.

Mi nombre fue utilizado indebidamente. No he hecho ni firmado un convenio. Esas no son mis firmas y ninguna corresponde en las actas ni en las solicitudes del pago. Jamás me reuní con personal o representantes de la universidad. Jamás celebré estos contratos ni me reuní con ellos, aseguró.

Uno de los argumento para que el juez emitiera la resolución es que resultaba inaudito que alguien suscribiera los convenios ejecutados sin que nadie se hubiera percatado de esa situación.