Autoridades de Álvaro Obregón han realizado en lo que va de su gestión 440 acciones de verificación administrativa e interpuesto 11 denuncias penales por violaciones en construcciones. Con ello buscan combatir a la mafia inmobiliaria que creció en la pasada administración y donde incluso hay desarrolladores que no cumplen con las normas en materia urbana.

De esa cifra, destacan 229 órdenes de verificación, 34 clausuras, 57 suspensiones y 73 reposiciones de sellos, informó la alcaldesa de la demarcación, Layda Sansores.

En conferencia de prensa indicó que la alcaldía tiene registradas un total de 119 manifestaciones, de las cuales 106 son construcciones con permisos para casa-habitación hasta de 5 mil metros cuadrados y 13 las que los exceden.

Sansores expuso que al llegar a la alcaldía encontró las denuncias que vecinos realizaron por diversas anomalías que detectaron en construcciones en su colonia y no cumplían con las manifestaciones e incluso sin permisos.

Expuso que pese a las sanciones han tenido casos donde los constructores han violado y retirado los sellos, por lo cual han tenido que hacer uso de la tecnología mediante drones para vigilar y evitar el quebrantamiento de los engomados.

Sobre las denuncias interpuestas, señaló que fue precisamente por romper los sellos y se detuvo a cuatro personas. Asimismo, ingresaron 51 denuncias por nulidad y fue interpuesto un juicio de lesividad.

Las obras a las que se ha puesto mayor atención, precisó, son Presa Anzaldo, la cual corre peligro de colapso; Reforma 2, en San Ángel, que no presenta ningún permiso de construcción; Cráter 62, en Jardines del Pedregal, por quebrantamiento de sellos.

Por otra parte, el Congreso capitalino avanzó en comisiones un exhorto dirigido a una decena de alcaldías para que cierren su ventanilla única y declaren una moratoria urbana.

El dictamen originalmente estaba dirigido sólo a la alcaldía de Miguel Hidalgo y se modificó para que Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco se incorporen a dicha moratoria en tanto se realizan mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el Instituto de Verificación Administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa y el mismo Congreso para revisar el estado jurídico que guardan los desarrollos inmobiliarios en proceso de construcción y los que se pretende edificar.