Buenos Aires. Miles de personas, integrantes de organismos de derechos humanos, artistas, fiscales, intelectuales, sindicalistas y diversas personalidades, marcharon hasta la sede de los tribunales en el centro de esta capital para expresar su apoyo a Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, quien investiga el caso más resonante en la historia del país sobre espionaje estatal, extorsiones y otros delitos cometidos en democracia, cuyas huellas llegan hasta la gubernamental Casa Rosada.

El presidente Mauricio Macri ordenó que se le sometiera a juicio político y separarlo de su cargo, desconociendo la independencia del Poder Judicial.

También miles de manifestantes –convocados en redes sociales– salieron a las calles en Dolores, Rosario, provincia de Santa Fe, y otras ciudades del país, para apoyar a Ramos Padilla y exigir respeto a la independencia judicial y el retorno al estado de derecho, el cual consideran violentado.

El juez es víctima, además, de operaciones políticas, judiciales y mediáticas que siguen la línea impuesta por el gobierno y manifestada por algunos legisladores, entre ellos quienes están seriamente comprometidos en esta causa, como Elisa Carrió y Paula Olivetto, cuya separación del Congreso pidieron los diputados de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria y el Partido Justicialista.

Se destacó que en estas acciones contra Ramos Padilla actúan sectores del Poder Judicial y los medios cercanos al oficialismo, para impedir el avance de la causa, debido a que en cuestión de horas aparecen nuevos datos y más implicaciones.

El caso en el que están involucrados agentes de inteligencia, y como señalan algunos documentos, también países como Estados Unidos e Israel, surgió en febrero pasado tras la denuncia de un empresario, quien probó el intento de extorsión que sufrió de Marcelo D’Alessio, quien tiene relaciones directas con fiscales, jueces, funcionarios de inteligencia y diputados, actuando en complicidad con periodistas y medios ligados al gobierno de Macri, lo que abrió una caja de Pandora.

Ramos Padilla se presentó este jueves ante la comisión bilateral de inteligencia del Congreso, y dio a conocer nuevos datos surgidos de los documentos confiscados en la casa de D’Alessio.

Luego de una presentación previa del juez ante la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados, donde entregó cajas con información sobre la causa, el gobierno comenzó una campaña que no se detuvo hasta el pedido presidencial de juicio político contra Ramos Padilla.

El magistrado solicitó la presentación ante el juzgado del fiscal Carlos Stornelli, quien se negó a concurrir dos veces y en esta tercera citación adujo que necesitaba una prórroga, ante lo cual Ramos Padilla le recordó que los fueros de su cargo no implican que no deba presentarse, y si no lo hace se verá obligado a ordenar su traslado.

Esto y el intento del juez oficialista Julián Ercolini de quedarse con la causa, y como no resultó, ahora pidió que se pasara a su colega Claudio Bonadío, el juez que tiene el récord de armados de causas en especial contra la ex presidenta Cristina Fernández, lo que superó todos los límites.

Crece el desempleo

Todo esto, mientras se llevan a cabo numerosas protestas y se instalaron centenares de ollas populares en las calles, ante el agravamiento de la situación económica, cuando se da a conocer que el aumento del desempleo en el último trimestre de 2018 fue de 9.1 por ciento y cifras más altas en el interior del país, lo que significa que hay 400 mil personas más sin empleo que hace 12 meses, lo cual lleva al índice más alto en 14 años.