a represión del gobierno de Iván Duque contra la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz causó la muerte de nueve personas en una explosión en la zona montañosa del departamento de Valle del Cauca. Además, la violenta respuesta de la administración derechista a la serie de movilizaciones de indígenas, campesinos, afrodescendientes e integrantes de sectores populares colombianos ha dejado más de 50 heridos desde el martes 12, cuando las comunidades mencionadas lanzaron la minga para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado con las comunidades mencionadas, así como el cese de las agresiones que de manera habitual y creciente padecen a manos de las fuerzas oficiales y paramilitares.

La minga es una forma de trabajo comunitario que, con distintas variantes y significados, se encuentra presente de manera ancestral en la zona andina. En el caso colombiano, desde 1991 cobró un carácter netamente político y reivindicativo en tanto movilización social que se realiza cada año para exigir que se lleven del papel a los hechos las garantías constitucionales y legales que la Constitución de 1991 reconoció a los pueblos indígenas, en particular la autonomía sobre sus territorios.

Este año la también conocida como minga social o minga del sur –por tener su principal bastión en el suroccidental departamento del Cauca– se lanzó con un especial sentido de urgencia por encontrarse frente a un gobierno empeñado en destruir las conquistas populares arduamente conseguidas, imponer un estado de guerra y entregar los territorios indígenas y campesinos a los más voraces proyectos extractivistas. El talante belicista del heredero político de Álvaro Uribe Vélez tiene sus expresiones más preocupantes en la impugnación jurídica de los acuerdos de paz que en 2016 pusieron fin al conflicto armado más prolongado del continente, así como en la abominable indolencia con que contempla la masacre de líderes sociales y defensores de derechos humanos, rubro en el que Colombia ostenta el vergonzoso primer lugar mundial con más de 30 activistas asesinados sólo este año.

Ante la embestida generalizada del Estado contra los sectores populares, la minga, que recuerda la lucha de los pueblos indígenas colombianos, ha sumado apoyos entre diversos sectores y –a contracorriente de la represión directa y de la furiosa campaña de estigmatización emprendida por las derechas y sus medios– articula un movimiento nacional en contra del despojo. Cabe esperar que la fuerza de la razón, la decidida resistencia de los sectores populares organizados y la urgente atención de la comunidad internacional hagan desistir al gobierno colombiano de encarar los reclamos de la minga mediante la fórmula de la violencia y que, en cambio, se cumplan los compromisos suscritos por el Estado y se dé cauce a todos los diferendos mediante un auténtico diálogo.