espués de que al calor del debate presupuestal 2019 el secretario Carlos Urzúa sostuviera que las universidades “no planeaban adecuadamente sus pensiones” recibiendo –de inmediato– las debidas aclaraciones, representantes de 37 universidades, 15 rectores y el secretario general de Anuies, Jaime Valls, demandaron ante diputados “no” disminuir el presupuesto para la educación superior. “Nos comprometemos”, aseguró Valls, a trabajar “en” austeridad y a “firmar” un convenio pensionario. ¿A quién consultó para ofrecer semejante firma?
Y siguiendo al cuestionado actuario Francisco Aguirre (del despacho Valuaciones Actuariales), agregó “lo que más afecta son las prestaciones no reconocidas”. ¿Es esto cierto? ¡No, por supuesto! No fueron “las” universidades, sino “sus” autoridades (rectores), Anuies (conformada con esas autoridades), la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) y la propia SEP –siguiendo a la SHCP– quienes operaron directamente la fallida “planeación” pensionaria. Para ello se sirvieron de un fondo etiquetado al Programa U081 y “sanearon” 21 programas, afectando trabajadores activos y a la generación futura. Posteriormente, el actuario Aguirre diagnosticó que “todas” las universidades tienen sistemas “prácticamente” quebrados: lo más “grave” es la deuda “oculta”. Justo el lenguaje que emplea Valls.
En noviembre 2018, del diputado Romero Hicks (PAN), convocó al actuario Aguirre a un foro en esa Cámara, quién repitió su receta: el objetivo del Fondo U081, sostuvo, es “incentivar” reformas, frente a los sistemas “de privilegio” que amparan a servidores públicos y universitarios (82 por ciento del PIB).
Pero, sorpresivamente, el 9 de enero 2019, mientras se suscribían convenios –de “rescate por única vez”- con ocho universidades en agudo déficit financiero “principalmente por el pago de pensiones”, la SEP –acompañada de Anuies– comunicó que, no sólo se trataba de “transparentar” el uso de fondos extraordinarios, sino de impulsar una “nueva” política de financiamiento. Y entre las acciones contempladas, SEP anunció que –en 2019– “se prevé” avanzar en la integración de una nueva ley de pensiones y jubilaciones para el sector “que es uno de los principales factores del déficit presupuestal”.
Pero, cabe preguntar: se “prevé” una “nueva” ley ¿consultando a quién? ¿Nueva ley sólo de pensiones universitarias sin, antes, diagnosticar la gravedad del asunto nacional, al margen del fracaso del Sistema de Ahorro para el Retiro y las reformas tecnocráticas neoliberales que lo han hundido? ¿Sólo para el “sector” y sin contemplar el todo social del que forman parte e ignorando el contexto nacional que las determina? ¿Esa nueva ley garantizará derechos de los trabajadores universitarios o impondrá las recetas del cuestionado actuario Aguirre? ¡Ni en el arco neoliberal se conoció públicamente algo semejante a ese “convenio”!
Virando de sus posiciones previas, la Contu desconoció de inmediato esos convenios: son “leoninos”, están suscritos “unilateralmente”, sin los trabajadores y “afectarán” sus derechos. Además de que, cabe nuevamente preguntar, ¿y el abuso de las autoridades universitarias, con un manejo presupuestal opaco: estafa maestra y el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre muchos otros?
Lo que en verdad se requiere es una propuesta pensionaria nacional para mejorar el retiro laboral de todos, entre ellos, el personal universitario; una propuesta no para restar, en aras de ahorros y a costa de los derechos establecidos. Todo ello no es independiente de la dinámica del SAR y sus reformas neoliberales. En este caso, especialmente la del Issste-2007.
Frente a ese “convenio” que, alegremente, ofrece firmar Jaime Valls y la Anuies, una ruta alternativa para el nuevo gobierno consistiría en evitar que autoridades universitarias, Anuies y Contu, en abierta complicidad con la SEP y la SHCP, –como ocurrió sistemáticamente a lo largo del periodo neoliberal– prosigan construyendo una noción de riesgo que afecte a los trabajadores universitarios. Y es que el hecho de que las pensiones universitarias se encuentren en el estado describió el secretario Urzúa, deriva del asunto nacional más general que las enmarca: el fallido desempeño del Sistema de Ahorro para el Retiro y por tanto la necesidad urgente de reformarlo.
El debate sobre pensiones universitarias constituye un asunto público de atención expedita. La prioridad estratégica de la educación superior, impide reducirlo a valuaciones actuariales y nociones de riesgo, donde muchos pierden y pocos ganan. Ese debate debe conducir a una solución –con horizonte de largo plazo– a la altura de todos los actores involucrados en su futuro, especialmente la SHCP, y extendiendo la seguridad social integral a los jóvenes.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
