Con el fin de colaborar con el Estado mexicano para la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó recientemente a instancias del gobierno federal el plan de trabajo para concretar la asistencia técnica internacional que brindará en este caso.

Hace un par de semanas se oficializó la que será la tercera etapa del trabajo en torno a estos hechos de esta instancia regional y se presentó el llamado Grupo de Apoyo Técnico (GAT), que contará con una presencia de especialistas de manera permanente en el país, entre ellos algunos de los que trabajaron en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

La estrategia de trabajo se extenderá por un año (2019 y parte de 2020), con posibilidad de ser prorrogada. El plan incluye tres visitas oficiales de comisionados de la CIDH, el monitoreo de los avances de las investigaciones, dar seguimiento a las acciones propuestas por la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en este caso y asistir a las reuniones de la misma.

Los expertos también podrán asesorar el diseño y conformación de la instancia de investigación penal que defina la Fiscalía General de la República, dar seguimiento a las indagatorias y realizar reuniones con autoridades del Estado mexicano para cumplir con los objetivos de la asistencia técnica.

Asimismo, efectuar visitas de documentación y verificación a instalaciones estatales o lugares determinados, incluyendo centros de privación de la libertad, en coordinación con la comisión de la verdad; acceder de forma oportuna y sin restricciones a toda la información documental vinculada al caso, incluida la investigación criminal; asistir a diligencias relacionadas con el caso; reunirse con los familiares de los normalistas desaparecidos y demás víctimas, así como con sus representantes.

Además de mantener encuentros con otros organismos internacionales, con organizaciones de la sociedad civil y otras instancias; celebrar audiencias de trabajo de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a las víctimas; solicitar información o la realización de diligencias y presentar observaciones a las entidades correspondientes relacionadas con el caso, entre otras.