mediados de su sexenio, Vicente Fox celebraba la exitosa adjudicación (a la trasnacional española Repsol) del primer contrato de servicios múltiples en la cuenca de Burgos. Se trataba –versión oficial– de un mecanismo por medio del cual México no solo sería autosuficiente en gas natural (dadas las enormes reservas allí existentes), sino que, en el corto plazo, se convertiría en exportador neto de ese combustible.

Como suele suceder con esas promesas de saliva, todo se fue al caño y 10 años después el entonces secretario de Energía del peñanietismo, Pedro Joaquín Coldwell, confirmaba que en realidad México se convirtió en importador neto de… gas natural, con crecientes cuan voluminosas adquisiciones del combustible en el mercado internacional (el del norte, especialmente).

Aun así, el rotundo fracaso en la materia no canceló posibilidad alguna para que el sector privado, nacional y foráneo, hicieran jugosísimos negocios con el gas natural y con la infraestructura para transportarlo (a costillas del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad), actividad que generó pingües ganancias para ellos y enormes pérdidas para la nación.

Era el costo de la modernización, según los tecnócratas, pero con el cambio de gobierno (y de sistema, es de esperarse) quedó claro –por si alguien dudara– de qué se trataba el negocio particular de dimensiones espectaculares, porque el capital privado (más los ex funcionarios gubernamentales participantes en el enjuague) involucrado obtenía jugosas ganancias aun sin brindar el servicio para el que fue contratado.

A mediados de febrero pasado, el director general de la Comisión Federal de Electricidad explicó: actualmente hay contratos con las empresas IEnova, Carso y TransCanada que amparan siete ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la comisión a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas.

La CFE lleva pagados el año pasado 5 mil millones de pesos y este año, de no negociarse los contratos, estaría desembolsando otros 16 mil millones de pesos. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones de pesos, y seguirá así pagándose hasta llegar a 70 mil millones. De continuarse esos contratos, la comisión está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes.

El propio presidente López Obrador ha dado cuenta de los contratos leoninos firmados por gobiernos pasados: se tiene que pagar por esos gasoductos hasta ocho veces más de lo contratado; es decir, si el gasoducto tiene un costo de mil millones de dólares hay que terminar pagando 8 mil millones, de manera inexplicable, porque no sólo es la construcción, sino el sistema de financiamiento totalmente desproporcionado. A ese ritmo no hay empresa, pública o privada, que aguante el paso.

Sirva lo anterior para dar contexto al anuncio que ayer hizo Manuel Bartlett: las empresas relacionadas con los gasoductos que cobran sin dar servicio han expresado su disposición a renegociar los contratos en términos equitativos. Sí vamos a renegociar los contratos, ya hablamos con las empresas que tienen gasoductos detenidos y han aceptado.

Estratégicamente, dijo el funcionario, “se construyó una red de gasoductos desde antes del sexenio pasado; comenzaron en 2010 y nos comunicaron directamente con Estados Unidos y con esta fuente de energía.

Ese sistema de gasoductos nos conecta con el vecino del norte. Tiene una gran ventaja que es el acceso a este gas natural a un precio muy bajo, pero también una vulnerabilidad muy alta: nos deja sumamente dependientes de esa red; de allí que es muy importante tener el control completo de estos gasoductos.

Las rebanadas del pastel

El problema es que, resulte lo que resulte, dichos gasoductos se mantendrían como propiedad privada, no de la nación.

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