La policía de Guanajuato ni se asomaba, pero hasta ahí llegaron los brigadistas de los censos del bienestar del gobierno federal. En vano. Los empleados del censo no pudieron hacer su trabajo ni en Santa Rosa de Lima donde no hay una sola calle pavimentada ni en otros municipios que controla o los que se disputa con su contraparte de Jalisco el cártel que lleva el nombre de la santa patrona de los tuberculosos.

“Nos sacaron una y otra vez, nos decían: ‘aquí no los queremos’”, recuerda uno de los encargados del censo en la zona.

La llave maestra de la política social de Andrés Manuel López Obrador tuvo que esperar el despliegue de un aparatoso operativo de la Marina, que llegó la madrugada del 4 de marzo acompañada de la policía estatal. Sólo tras la toma del pueblo y lugares vecinos, los brigadistas del censo pudieron entrar, pese a que una de las metas centrales de esa incursión (la orden fue capturar a José Antonio Yépez, El Marro, sin disparar un tiro) no se había cumplido.

Los gobiernos federal y estatal se echaron la bolita de tal ofensiva. En su conferencia mañanera, el Presidente de la República dijo que la incursión estaba a cargo del gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en tanto que el panista dijo por esos días que la administración estatal sólo se hizo cargo de la seguridad perimetral. Eso no impidió que en su informe de gobierno, que se llevó a cabo la misma semana de la acción policial, el gobernador presumiera el éxito de la misma a la que llamó Golpe de timón, pese a que, del lado estatal lo encabezó Carlos Zamarripa, un funcionario que sumó ya 10 años como procurador del estado y que va por nueve más, al ser ratificado como fiscal.

Las acciones contra El Marro dieron al mandatario municiones para frases engalladas: “Vamos por todo…”, los delincuentes no nos van a tomar la medida, dijo, en un mensaje estilo Ricardo Anaya, en el que también presumió la apertura de dos bachilleratos militarizados y la futura construcción de una academia de policía justo en el municipio de Villagrán, donde se encuentra Santa Rosa de Lima.

El caso es que el viernes 8 de marzo, Rodríguez Vallejo se fue a dormir con una sonrisa en la boca. Por la tarde, había acompañado a López Obrador en un acto en León, bastión panista desde hace décadas. El acto oficial, realizado en instalaciones deportivas públicas, fue precisamente para la entrega de apoyos a los censados: estudiantes, adultos mayores y discapacitados.

Los medios registraron que en lugar de abucheos –como ha ocurrido con otros mandatarios estatales–, Rodríguez recibió aplausos, pero omitieron que López Obrador sí recibió desaprobación, aunque sólo de un pequeño sector frente al escenario, donde los invitados especiales del gobierno local cedieron sus lugares a porristas del PAN.

Esa misma noche, cuando quizá apenas conciliaba el sueño, frescas sus rudas frases contra el crimen organizado, un comando armado atacó un bar en Salamanca, mató a 15 personas, hirió a siete y se marchó como si nada. Los hechos ocurrieron a menos de una hora de camino de Santa Rosa, donde en esos días se realizaba un operativo federal que no ha concluido.

El escenario de la disputa

El preámbulo de la incursión en Santa Rosa fue el mes más violento en la historia de Guanajuato, según el recuento del diario estatal am, que registró un homicidio cada dos horas; es decir, 343 personas en 30 días, la mayoría asesinadas con arma de fuego. Según el recuento, 61 de esos asesinatos fueron cometidos en Salamanca. En la lista siguieron Irapuato, León, Valle de Santiago, Salvatierra, Silao y Celaya.

Una revisión simple de las notas de la prensa local da cuenta de un patrón atroz: comandos armados llegan a los domicilios de sus rivales y matan a todos los que ahí se encuentran. Según datos de la Fiscalía del estado, del 2012 a noviembre del 2018 fueron asesinados 400 menores de edad (nota del corresponsal, Carlos García, 21 de febrero de 2019). Ahora, pese al despliegue de las fuerzas federales, los asesinatos han continuado a todo tren, sobre todo en los municipios de Irapuato y Salamanca. Sólo el fin de semana pasado, medios locales dieron cuenta de 26 asesinatos en 48 horas.

Salamanca, con só 600 mil habitantes, tiene un promedio de cinco asesinatos al día.

Es un lugar sin ley. Pasan los eventos y la policía estatal llega una hora después, dice un funcionario federal. Salamanca no tiene policía, porque al triunfo de Morena en la alcaldía el gobierno del estado retiró a los elementos policiacos y desde entonces se ha vivido un jaloneo, pues el régimen estatal panista pretende que el ayuntamiento firme el convenio de Mando Único.

Morena ganó con la ex diputada local del PAN, Beatriz Hernández, a quien analistas locales describen como amiga de Diego Fernández de Cevallos y parte del grupo de Ricardo Sheffield, actual procurador Federal del Consumidor.

La narrativa del gobierno local es que la disputa entre dos grupos del crimen organizado se debe al huachicol. El propio gobernador admitió la posibilidad, frente a la crisis de desabasto de hidrocarburos, de que 80 por ciento del combustible en el estado fuera huachicol.

¿Huachicol o cristal?

La pregunta que se hacen en el gobierno federal es por qué continúan las masacres si a partir de enero disminuyó la incidencia de ese delito 80 por ciento.

Para un funcionario federal el problema es que el gobierno estatal cierra los ojos a la disputa territorial entre los cárteles Jalisco y el de Santa Rosa, que es por el control territorial y el mercado de cristal.

Guanajuato figura en la lista de mayores consumidores de la metanfetamina, pero no en decomisos.

Ganan por goliza

Una fuente federal asegura que “el gobierno del estado le está pegando al cártel de Santa Rosa, aunque el problema sea Jalisco y la disputa por el mercado de cristal”.

–¿Quién va ganando?,– se pregunta al funcionario federal.

–Si fuera un partido de futbol, diría que Jalisco va ganando por goliza.