Ante el problema que representan las viviendas abandonadas en el país –datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refieren que son 5 millones–, a finales de abril la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dará a conocer el Plan Nacional para Recuperación de Vivienda Abandonada.

Desde enero la dependencia evalúa esta situación.

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de 2001 a 2012 se implementó un modelo fallido de desarrollo urbano que fomentó la construcción masiva y horizontal de viviendas diminutas, muchas de las cuales tienen poco más de 30 metros cuadrados.

El modelo de negocio de los desarrolladores se basó en comprar tierra barata en la periferia para construir casas muy pequeñas y de deficiente calidad. Se edificaron, sin evaluación alguna, fraccionamientos alejados de los servicios básicos necesarios y lejos de escuelas, hospitales, zonas comerciales y sin transporte público.

El Infonavit contabilizó que hasta el cierre de diciembre del año pasado tenía 58 mil 659 créditos relativos a viviendas con un dictamen de abandono a nivel nacional.

A mediados de febrero pasado, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, expuso que se trabaja en una base de datos sobre esas viviendas y se valorará la situación desarrollo por desarrollo.

La Sedatu asegura que la mayoría de las viviendas deshabitadas están en el norte del país. Los factores que explican la desocupación son múltiples: la criminalidad, la lejanía de los centros urbanos, los precios del transporte público que impiden pagar el crédito hipotecario y al mismo tiempo el traslado al trabajo o a las escuelas, así como la carencia de servicios e infraestructura urbana cercana.

El urbanista Alfonso Iracheta, integrante del Grupo de Asesores Estratégico de la Sedatu, criticó los proyectos de producción masiva de vivienda y expuso que en la actual administración federal esa situación se prevé cambiar.

Detalló a este medio que las constructoras dedicadas a la vivienda social diseñaban los modelos desde la computadora, y para “sembrar las casas, acababan tirando árboles, arrasando con todo; limpian todo el terreno, dejando las condiciones para empezar a construir. El modelo determinado en México era ‘construir rápido para que el capital de inversión circule a mayor velocidad. Si construyo y vendo en plazo más corto, recupero más rápido los recursos’. La política de vivienda social permitió todo esto”.

Indicó que el problema de la vivienda social es que se convirtió en mercado de vendedores, no de compradores. El que determina todo es el vendedor. Los compradores no opinaban sobre su casa y esto se hacía con toda la complacencia de la administración federal. Espero que cambie en el nuevo gobierno.

Comentó que la expectativa es que surja un modelo que tenga como objetivo a la familia y cubra sus necesidades. La nueva política de vivienda social que he visto se refiere a impulsar producción social de casas, en la que se consideran la autoproducción y autoconstrucción.

Se estima que seis de cada 10 viviendas en el país han sido producidas por sus propios habitantes; algunos se tardan de seis a 10 años en tener una vivienda terminada. El gobierno ya entendió esto. La Conavi planea como estrategia impulsar que la gente tenga acceso a un lote bien localizado, a equipamientos sociales y que pueda ir construyendo. Todo esto con asesoría profesional, con banco de materiales, y el resultado puede ser mucho mejor.

Comentó que en diversas zonas los propios habitantes han construido, sin asesoramiento, y aunque estéticamente el resultado puede no ser el mejor, en cuestión de espacio superan por mucho a la vivienda social.

Meyer Falcón critica las diminutas dimensiones de la vivienda social, la cual ha derivado en casi un tercio de lo que se concebía hace décadas. En 2008 la Conavi establecía que un mínimo para vivienda social era de 55 metros cuadrados, y en 2016 se optó porque fuera de 56, con dos habitaciones, pues había casas con 32 metros cuadrados, o incluso un poco menos.

Éstas, más que solucionar problemas, los generaban, además de por lo mencionado, por el hacinamiento familiar.

Iracheta sostuvo que la crítica a la vivienda social arreció desde aproximadamente 2002 para acá, tanto por sus dimensiones, calidad de materiales, lejanía y carencia de infraestructura urbana cercana y de áreas verdes como de esparcimiento y abasto. Este nuevo gobierno ya entendió la crítica y que esto no puede seguir así.