El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, destacó que las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) no están consideradas en la Constitución, y recordó que como parte de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, en el artículo 73 constitucional se determinó aumentar el número de magistrados integrantes de la sala superior del TFJA, de 13 a 18, y se previó la existencia de una sección responsable de imponer sanciones a los servidores públicos y a particulares por faltas graves.

Sin embargo, precisa el también presidente de la Junta de Coordinación Política, el texto constitucional nunca previó la existencia de salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, sino únicamente crear una tercera sección en la sala superior, misma que es innecesaria con la creación de una sala especializada en anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Monreal, considera que es indispensable que se corrija el exceso contenido en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ya que el tribunal puede cumplir con sus funciones en la tercera sección de la sala superior y las cinco salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas.

Abundó que las salas ordinarias existentes tienen el material humano y la capacidad suficientes en la intervención de la instrucción de los asuntos en materia de responsabilidades.

El coordinador de los senadores de Morena refiere que ayer el décimo tribunal colegiado en materia administrativa resolvió que el Senado debe retomar y concluir el proceso de designación de los 18 magistrados anticorrupción, proceso que se encuentra en el limbo desde 2017, cuando el presidente Enrique Peña Nieto mandó sus designaciones.

Además, resaltó el senador Monreal, ese tribunal puntualizó que al no ratificar o rechazar los nombramientos de las 18 personas que estarán al frente de los tribunales especializados ni transparentar y justificar su perfil profesional, el Senado y la Comisión Permanente han incumplido con su obligación constitucional de dar operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción.