n juez estadunidense libra a México, al menos temporalmente, de ser usado como patio de depósito de migrantes centroamericanos que están en espera de que el vecino país resuelva si les concede asilo (posibilidad, esta, a la que se opone vehemente y expresamente el migrafóbico Donald Trump).

Por medio de diversas presiones económicas y diplomáticas, el gobierno estadunidense ha obligado hasta ahora a México a aceptar la decisión unilateral de devolver a los migrantes que hubieran cruzado la frontera y solicitan el mencionado asilo. Conforme a la ley del país de las barras y las estrellas, dichos demandantes deberían esperar en territorio estadunidense a que sus trámites lleguen al punto de resolución. Pero Trump no desea tenerlos en Estados Unidos y decidió regresarlos a México, país que objetó en términos declarativos tal abuso trumpista, pero que en los hechos argumentó que por razones humanitarias aceptaría a tales viajeros centroamericanos, caribeños y provenientes de otros países.

La ilegalidad de ese trumpismo migratorio fue confirmada ayer por el juez de distrito Richard Seeborg, con sede en San Francisco, California. Ha de decirse que la estrategia de resistencia legal estaba prevista por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, desde un inicio. Unos dos meses atrás, una fuente de la cancillería mexicana relató a una columna astillada que se prefería eludir el golpe trumpista y, sin presentarle frente político directo, se alentaría o coordinaría a organizaciones defensoras de derechos humanos, asentadas en esa nación, para que impugnaran judicialmente la imposición de Donald. Por lo pronto, y a reserva de venideros movimientos judiciales, la decisión del juez Seeborg tendrá efectos en todo el territorio estadunidense y obligará a que los solicitantes de asilo esperen su desenlace en el propio país en el que lo gestionaron.

La estrategia legal a trasmano funcionó en pleno territorio estadunidense, pero eso es solamente una parte del conjunto de cesiones que el gobierno lopezobradorista ha hecho a la asfixiante política migratoria de Trump. En particular, México se ha convertido en la policía migratoria de la Casa Blanca en el sur del país, donde se han registrado marcas históricas en cuanto a detenciones de quienes desde allá buscan alcanzar la frontera norte para intentar el paso irregular a territorio gringo.

Por otra parte, como una especie de contraprestación histórica, migrantes virtualmente encapsulados en el sur mexicano gestionan también amparos por medio de la justicia federal contra el gobierno lopezobradorista. La demanda de no ser deportados ha sido presentada por oriundos de Cuba, El Salvador y Honduras. Ya se verá si en México hay un juez como el estadunidense mencionado líneas atrás. Aunque, la verdad, el Poder Judicial Federal está particularmente deseoso de no generar molestia alguna al Ejecutivo que tiene una reforma judicial entre sus planes de expansión controladora (aunque endosa la iniciativa al independiente coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal).

En ese contexto faltaría que México, por sí mismo, deje de servir como garrote de contención del Istmo de Tehuantepec hacia el sur y deje de estirar la mano en espera de inversiones estadunidenses para proyectos desarrollistas de debatible conveniencia y muy probable daño al interés nacional y social.

Ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, como si a él correspondiera el impulsar o frenar iniciativas en proceso de discusión y eventual aprobación en el Poder Legislativo, que si no es aceptada su propuesta de reforma educativa la sustituirá por una vuelta al pasado, pues haría que se reimplantara la normativa anterior a las modificaciones peñistas. En tanto, la CNTE resiste, Elba Esther Gordillo Morales tacha de reformita lo propuesto y el SNTE declara su apoyo al Presidente.

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