San Francisco. Un juez federal de San Francisco bloqueó este lunes la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan a que una corte migratoria escuche sus casos, pero la orden no entrará en vigor de manera inmediata.

La decisión, que empezará a aplicarse el viernes en todo el país y puede ser apelada, pone fin, al menos temporalmente, a los Protocolos de Protección al Migrante, diseñados para solicitantes de asilo no mexicanos que ingresen por esa frontera con Estados Unidos.

El juez Richard Seeborg aprobó una petición a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos activistas legales que demandan suspender la práctica, mientras la demanda se abría paso en el sistema judicial.

El magistrado ordenó, asimismo, que los 11 centroamericanos involucrados en la demanda, devueltos a México al solicitar asilo, entren al país. Dejó a discreción de las autoridades arrestarlos o dejarlos en libertad condicional, mientras se decide su caso.

Los demandantes –provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala– fueron de los primeros devueltos por esta política en el puerto fronterizo de San Yisidro, en California, que conecta con la ciudad de Tijuana.

Allí llegaron la mayoría de los migrantes en las masivas caravanas provenientes de Centroamérica, muy criticadas por Trump.

La política de devolverlos carece de las protecciones suficientes para garantizar que los migrantes no enfrenten riesgo indebido a sus vidas o libertades en México, señaló el juez. Seeborg agregó que la ley en la que el gobierno de Trump fundamentó su autoridad para devolver a migrantes no aplica para los solicitantes de asilo como los que presentaron la demanda.

Quédate en México inició en enero

Se desconoce si el gobierno solicitará a una corte de apelaciones que suspenda el fallo. El Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto.

El inicio de esta práctica en enero pasado en San Diego, el paso más transitado de la frontera, representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en el tema. Por lo general, las familias que solicitaban refugio eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal.

La política, bautizada como Quédate en México (Remain in Mexico), busca detener los grandes flujos de inmigrantes a las fronteras.

Las leyes estadunidenses limitan el tiempo que niños pueden ser detenidos en cárceles migratorias, por lo que muchas familias solicitantes de asilo quedan en libertad a la espera de que se analice su caso, un proceso que puede llevar años.

El fallo se conoció un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presentó su renuncia y mientras el gobierno enfrenta repetidos contratiempos relacionados con sus estrictas medidas antimigratorias que fueron parte central de la campaña presidencial de Trump, incluyendo reveses en políticas como la de separar a familias en la frontera y poner fin a las protecciones contra jóvenes inmigrantes.

Bajo la nueva política, los solicitantes de asilo no tienen garantizados intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.

En su fallo, Seeborg dijo que se requerirían mayores protecciones procesales para ajustarse a la obligación que el gobierno reconoce de garantizar que los extranjeros no sean devueltos a circunstancias indebidamente peligrosas.

La ACLU y otros grupos también señalan en la demanda que la ley que permite el envío de algunos inmigrantes de regreso a México no aplica a solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente la frontera o llegan a los cruces fronterizos sin la documentación apropiada.

Seeborg estuvo de acuerdo, diciendo que el lenguaje llano de la ley sustenta esa interpretación.

Sea como sea, el gobierno de Trump no puede simplemente ignorar nuestras leyes para lograr su objetivo de evitar que las personas soliciten asilo en Estados Unidos, señaló Judy Rabinovitz en un comunicado tras darse a conocer la decisión.

El gobierno estadunidense espera que al forzar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente a quienes no tienen casos sólidos y ayude a desahogar los más de 800 mil casos pendientes en las cortes migratorias.

El abogado del Departamento de Justicia Scott Stewart señaló que existe un proceso para proteger a los inmigrantes que podrían enfrentar amenazas en México.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, el parámetro más utilizado para medir los cruces ilegales, aumentaron en forma considerable durante el año pasado, pero permanecen en términos históricos relativamente bajos después de que en 2017 alcanzaron su cifra más baja en 46 años.

El lanzamiento de la política antimigratoria se dio después de meses de negociaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los menores que viajan sin compañía de un adulto están exentos de su aplicación.