Con el objeto de atajar cualquier conducta ilícita que afecte el resultado electoral, la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los funcionarios públicos sean sancionados, en caso de que usen su cargo para favorecer a un partido o candidato.

La sanción podrá ir desde amonestación pública hasta multa equivalente a 5 mil unidades de medida y actualización (UMA), que se elevará hasta 10 mil si se usan recursos públicos para la presión o coacción a electores para inducir el sentido del voto.

De esta manera, se incorpora a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser acreedores a una sanción por violar la legislación electoral, que es adicional a las responsabilidades administrativas y penales en que puedan incurrir.

El dictamen de la Comisión de Gobernación –aprobado por 407 votos y que se turnó al Senado- definió que en el país existe un problema de impunidad y corrupción por parte de funcionarios que afectan la equidad electoral por faltas administrativas o delitos.

Asimismo, el pleno avaló por 413 votos una minuta del Senado que reforma el artículo 113 y añade un 113 bis al Código Fiscal de la Federación. El proyecto de decreto se envió al Ejecutivo para su publicación.

En tanto, en tribuna, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas Baca (PAN), explicó que la evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación. Cuando un contribuyente incurre en acciones de este tipo es ineludible que debe ser sujeto a sanciones por parte de las autoridades.

Refirió que en años recientes se ha incrementado el número de empresas que emiten facturas que amparan operaciones simuladas, para obtener un beneficio ilegal.

Actualmente, la fracción III del artículo 111 del Código Fiscal prevé cárcel de entre tres meses a seis años a quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.