La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma por la cual se suspende la entrega de permisos a propietarios de gasolineras que vendan combustible robado, las cuales serán incluidas en una lista negra que publicará la Comisión Reguladora de Energía.

Asimismo, la Comisión de Marina aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, a mantener el patrullaje permanente contra el robo de combustibles en las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche.

Sin embargo, el ex director de Arsenal Nacional de la Marina y secretario de la Comisión de Marina, Juan Ortiz Guarneros (PRI), advirtió que en este sexenio no se construirán nuevas patrullas oceánicas, lo que va a recrudecer la problemática.

Explicó que se requieren al menos 70 interceptoras para los mandos territoriales y 40 patrullas oceánicas para la vigilancia y el combate a los ilícitos en la zona económica exclusiva, pero la Armada cuenta con menos de 50 por ciento de ese número de unidades.

En la misma reunión, el presidente de la Comisión de Defensa y ex rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, Benito Medina Herrera (PRI), explicó que no todas las embarcaciones de las que habló Ortiz Guarneros están en servicio.

“Como bien dijo el almirante Guarneros, normalmente se trabaja con 50 por ciento. Y muchas veces, de ese porcentaje una parte está en mantenimiento y otra en rehabilitación … realmente se trabaja con 30 o 25 por ciento del potencial”.

Durante la discusión de cambios a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, el diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) dijo que si bien se reconoce la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir con firmeza el robo de hidrocarburos, es deseable que cuente con un mejor equipo para lograr sus propósitos.

Porque, expuso, la estrategia implementada por el gobierno no tiene resultados positivos y los costos económicos y sociales resultaron tan altos que las pérdidas se calculan en 40 mil millones de pesos para productores, comerciantes, transportistas y el turismo.

Recordó cómo el cierre de gasoductos derivó en desabasto de combustible por una serie de errores producto de decisiones no acertadas. Explicó que a pesar de la reforma, existe un vacío porque no se incluyó con precisión qué medios de prueba idóneos deben presentar los conductores de transporte de hidrocarburos para acreditar su legítima posesión.