La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó por mayoría y sin discusión la Estrategia Nacional de Seguridad que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de febrero pasado, y que será discutida el próximo jueves en el pleno.

La bancada de Morena se negó a discutir en la comisión el contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad y tampoco quiso que la Junta de Coordinación Política discutiera citar a funcionarios de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Fiscalía General de la República (FGR), del Centro Nacional de Inteligencia y de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, para que explicaran dicha estrategia y su puesta en marcha.

En la reunión de trabajo de dicha comisión presidida por Jesús Lucía Trasviña (Morena), la panista Josefina Vázquez Mota y la priísta Claudia Anaya destacaron que había el compromiso de someter esa estrategia a revisión en foros con funcionarios de varias dependencias pero no asistieron. Sólo hubo reuniones con organizaciones sociales y expertos.

En el dictamen avalado por la mayoría, con el voto en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), se refrenda que el mando de la Guardia Nacional será civil, que se desarrollará un modelo policial nacional que considere y articule los esfuerzos y aportaciones a los tres órdenes de gobierno y que tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales.

Por otra parte, el Senado está obligado a retomar y concluir el proceso para la designación de los 18 magistrados anticorrupción, porque de lo contrario incurriría en desacato al Poder Judicial, advirtieron los coordinadores del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Osorio Chong, Mauricio Kuri y Miguel Ángel Mancera, respectivamente.

En entrevistas por separado, coincidieron en que es un proceso pendiente desde 2017 y advirtieron que el camino es elegir o rechazar a los magistrados propuestos por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, luego del amparo que el décimo tribunal colegiado en materia administrativa concedió al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.