Ciudad Juárez, Chih., Unos 500 derechohabientes que hace 18 años adquirieron inmuebles con créditos hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), denunciaron que están siendo desalojados por despachos de cobranza contratados por ese organismo federal.

Precisaron que fueron demandados en uno de los miles de juicios hipotecarios que el Infonavit inició en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco ante un juez de Compostela, Nayarit, y ahora los sacan de sus casas sin notificación o emplazamiento por retrasos en los pagos.

Dijeron que representantes del despacho de cobranzas Grupo de Administración de Bienes y Servicios SA. de CV (Gabssa) llegaron acompañados de policías a la colonia Parajes del Sol, en Ciudad Juárez, y desahuciaron a Rogelio Sierra Martínez y a su familia del domicilio marcado con el número 8530 de la calle Joaquín Torres García.

Los afectados acusaron que personal de Gabssa –que tiene sucursales en 55 ciudades del país– y personas que dijeron haber sido enviadas por el Poder Judicial, sacaron sus pertenencias a la calle y cambiaron las cerraduras de las viviendas.

Supuestamente me iban a dar tiempo para pagar y anoche vinieron a sacarme. Ya sacaron todas mis cosas, comentó Rogelio Sierra Martínez, de 50 años de edad, fuera de su vivienda.

Narró que una patrulla de la policía municipal con dos agentes se encontraba estacionada frente a su casa mientras seis hombres esperaban con un camión de mudanza en una esquina para llevarse sus pertenencias adonde él indicara, pero no tengo dónde vivir.

La representante de El Barzón en Ciudad Juárez, Griselda Sosa Beltrán, quien ofreció asesoría legal a los afectados, dijo que los desalojos del Infonavit se basan en juicios fraudulentos y afectan a miles de personas; por ello han bloqueado varias veces las oficinas del Infonavit en el estado.

Denunció que más de 10 mil familias han sido expulsadas de sus casas en Chihuahua por morosidad y porque el Infonavit emprende juicios sin notificar a los afectados, como sucede con derechohabientes de los municipios nayaritas de Compostela y San Blas.

Buscamos una solución desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia, pero los desalojos han continuado. Por lo menos cinco personas son desahuciadas a diario en esta frontera con juicios ilegales que llevan a cabo el Infonavit y las inmobiliarias, dijo.

La activista pidió a los afectados no abandonar la vivienda cuando se realice el desalojo, pues este procedimiento es ilegal. Quienes lo realizan lo saben y ofrecen hasta 15 mil pesos para que los dueños salgan de las casas, agregó.

Dijo que solicitaron a diputados estatales legislar sobre el tema y ellos ya han recorrido varias ciudades donde se presenta el problema.

Explicó que la empresa CGA engañó a miles de afectados con la promesa de que recuperarían el dinero de la subcuenta de vivienda, como en el caso de Zeferino Lira López, a quien le descontaron de su sueldo el crédito hipotecario de una casa en Mazatlán, Sinaloa, la cual ya está ocupada por desconocidos.